Bajo riesgo de quedar sin financiamiento, las bibliotecas populares claman por ayuda

Desde hace varios meses, las bibliotecas populares de todo el país, al igual que otros sectores de la cultura nacional, se encuentran en estado de alerta, a raíz de que una ley sancionada en 2017, bajo la administración encabezada por el expresidente Mauricio Macri, le puso fecha de caducidad a la vigencia de una serie de normas que, con fondos especiales, financian a estos sectores de la cultura argentina.

Concretamente, esta fecha límite está fijada en el 31 de diciembre de 2022. Después de ese día, de no derogarse la ley 27.432, esos fondos pasarían a formar parte del Tesoro Nacional y, en los hechos, esto significaría dejar de financiar, al menos desde el Estado, a las bibliotecas populares, así como a sectores vinculados al cine argentino, la música y parte de los medios comunitarios locales, entre otros.

En este contexto, consultado por El1 Digital, Eduardo Burattini, presidente de la Coordinadora de Bibliotecas Populares de La Matanza y director de la Biblioteca Popular Madre Teresa de Virrey del Pino, explicó la situación de riesgo e incertidumbre que atraviesa el sector, especialmente en el Distrito matancero.

“Esto viene de una ley que se sanciona en 2017. Cuando se aprueba esta ley 27.432, el artículo 4º dice que al 31 de diciembre de 2022 cesarían de repartirse los fondos especiales que subvencionan a la cultura, entre ellos el fondo especial que marca la ley 23.351, que es la ley de bibliotecas populares, y que sirven para que la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) pueda otorgar a las bibliotecas miembros subsidios, financiamiento para programas de capacitación, entrega de libros, como el programa Libro Por Ciento que permite a las bibliotecas, todos los años, visitar la Feria del Libro y comprar libros al 50 por ciento de su valor", explicó. En ese sentido, sentenció: "Sería como un tiro de gracia para matar a las bibliotecas populares”.

“El sistema de bibliotecas populares es un orgullo nacional, creado por el entonces presidente de la República Domingo Faustino Sarmiento, a través de la ley 419 que crea la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares”, remarcó Burattini.

Situación en La Matanza

Consultado por la situación específica en la comuna matancera, Burattini reconoció: “La situación en La Matanza es similar a la del resto del país. Las bibliotecas populares son asociaciones civiles, ONGs, que tienen socios que pagan una cuota muy módica. No todos pueden pagar una cuota, e igual las puertas están abiertas para todos los ciudadanos que quieran recibir información, leer, o participar de las actividades que organizan estas bibliotecas populares”.

“Aquí, en La Matanza, somos más de doce bibliotecas populares, y dependemos muchísimo de la acción del Estado, tanto nacional como provincial y municipal. Porque en nuestras comunidades, en su gran mayoría, las bibliotecas están ubicadas en zonas periféricas, con un gran impacto de necesidades no sólo sociales, económicas, alimenticias, sino también culturales”, señaló Burattini.

Redireccionamiento de los fondos

También, Burattini remarcó: “La trampa de la ley 27.432 es que dice que, si bien se disuelven los fondos, lo que se recauda se tiene que seguir recaudando, pero en vez de ir a los fondos especiales de bibliotecas, subsidios, fomento del cine, del teatro, a canales de radio y televisión del interior del país, al fondo de la música, etcétera, van al Tesoro General. Así que no es que el Estado deja de recaudar. Sigue recaudando, pero en vez de ir para los fondos especiales, se lo acredita el Tesoro Nacional, generalmente para pagar deuda externa”.

El reclamo

Ante este panorama, estos sectores van a redoblar los esfuerzos para lograr que los legisladores deroguen la polémica ley. “Trabajamos codo a codo con la CONABIP, el ministro de Cultura (de la Nación) también salió a realizar una campaña. Mañana, en todo el mundo, se festeja el Día Internacional del Libro, y vamos a hacer un reclamo por todas las redes sociales, impulsado por la CONABIP y por el Ministerio de Cultura de la Nación, para que los legisladores deroguen la ley 27.432 en su totalidad. Y si no, que deroguen el artículo 4º, que despoja a los organismos culturales de los recursos genuinos para su desarrollo”, adelantó Burattini.

“No permitamos que nuestras bibliotecas se cierren, sigamos con las bibliotecas populares abiertas, pidiendo a los legisladores que asuman ese compromiso, porque fueron votados por el pueblo”, concluyó.