Acceso a la Justicia de personas con discapacidad: reglas que garantizan igualdad de derechos

La Dra. Sara Cáceres, Auxiliar Letrada de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental de La Matanza, analizó en Radio Universidad las herramientas disponibles para garantizar un trato justo hacia las personas con discapacidad.

Por Dra. Sara Cáceres*

Cuando hablamos de personas con discapacidad, hablamos de personas con una condición especial. En abril de este año, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dictó unas reglas para el acceso a la Justicia de personas con discapacidad.

Las reglas están dirigidas hacia los operadores judiciales, entre ellos, funcionarios, empleados y magistrados. Sin embargo, son tomadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por esta razón, es necesario que la comunidad las conozca.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un norte: presumir a todas las personas capaces, tanto de ser titulares de derecho como de ejercerlos. Las restricciones respecto de esta capacidad tienen que estar dadas por sentencias o por la ley.

En esta coyuntura, las reglas que dicta la Corte son para el acceso a la Justicia. Las personas con discapacidad se enfrentan a barreras, tanto actitudinales como arquitectónicas, sociales o económicas. El Estado debe eliminarlas para poder establecer un plano de igualdad con otras personas.

Estas normas llegan para hacer más fácil el acceso a la Justicia en tres vertientes. En primer lugar, como comunicación respecto a cómo llegar a la Justicia. En segunda instancia, garantizan el acceso en sí, cuando una persona con discapacidad es víctima, imputada o denunciada. Por último, refieren al derecho de obtener una sentencia fundada.

La legislación argentina tiene la posibilidad de sortear estas barreras y un sistema para hacerlo es el de apoyo, que refiere a las personas o herramientas donde se apoya esta persona para poder igualarse con otras en sus derechos.

Asimismo, los funcionarios deben llevar adelante ajustes en los procedimientos, o medidas positivas, para ayudar a que estas personas puedan llegar al acceso a la Justicia. Es el propio juez quien puede brindar estas respuestas o tomar las medidas para que este acceso sea igualitario.

*Auxiliar Letrada de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental de La Matanza