Orieta: “Los pobres tenemos derecho a la justicia”
La hermana de Luciano Arruga, Vanesa Orieta, se refirió de manera positiva respecto del fallo, por parte del Jurado de Enjuiciamiento, de hacer lugar al juicio político para conocer el nivel de responsabilidad de los funcionarios judiciales durante los primeros meses de investigación y sus magros avances.
“Los fiscales que estamos recusando son los primeros que tuvieron participación en la causa policial”, relató Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, el joven cuyo cuerpo apareció cinco años y ochos meses después de haber sido detenido en una comisaría de Lomas del Mirador. Por un pedido de la familia comenzará un juicio político para investigar las responsabilidades de los funcionarios judiciales. “Los pobres tenemos derecho a la justicia”, fustigó Orieta en diálogo con Improvisados, por Radio Universidad.
Investigar al que investiga
Las fiscales Roxana Castelli y Celias Cejas, junto con el juez de Garantías Gustavo Banco, deberán afrontar un jury político. La resolución llegó tras la reunión del Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados bonaerense, cuyo secretario es el Doctor Ulises Alberto Giménez.
Al iniciar el pedido de justicia, los familiares y amigos del joven comenzaron su largo periplo hacia la verdad frente a la fiscal Roxana Castelli, de la Unidad Fiscal Nº 7 de La Matanza. Nunca existió una entrevista o un encuentro personal entre la funcionaria judcial y el entorno de la víctima.
“Jamás nos atendió. Todas las denuncias las hicimos en un papel que nos acercaban en la mesa de entrada algún empleado. Allí lo que hacíamos era volcar la denuncia responsabilizando a la policía bonaerense”, relató Orieta.
La hermana de Luciano se lamentó por la cantidad de pruebas que se perdieron por el accionar de los acusados: “En el primer proceso de investigación quienes participaron de la misma fueron los policías bonaerenses deteriorando gravemente la situación de la causa, porque lo que hizo la policía fue entorpecer la causa y alejarnos de Luciano.”
Investigar al que sufre
Al comenzar el proceso jurídico sobre el paradero de Arruga, la fiscal Celia Cejas -de la Unidad Federal Nº1 de La Matanza- solicitó investigar a los familiares. “Eso sucedió durante un año y seis meses aproximadamente, dándose la intervención mediante aproximadamente 15 prórrogas consecutivas”, agregó.
Las “pinchaduras telefónicas” fueron autorizadas por el juez Gustavo Banco, del Juzgado de Garantías Nº 5: “El mismo que tenía conocimiento de la denuncia de la familia relacionada con el funcionamiento del destacamento de la comisaría de Lomas del Mirador y no hizo nada para impedir que la investigación fuera manejada por estos funcionarios", amplió.
"Han faltado gravemente a los deberes de funcionarios públicos- disparó Orieta-. Esto tiene que ver con una causa muy grave de violación de derechos humanos en democracia, que no solo mantuvo durante cinco años y ocho meses desaparecido a Luciano, sino que terminó con estos últimos hechos que del 17 de octubre último cuando fue encontrado”.
Fue vital para reconocer el cuerpo del joven el entrecruzamiento de huellas dactilares. Vale aclarar que las fiscales contaban con esa información. En 2008 Luciano Arruga fue detenido y torturado en la misma comisaría de Lomas del Mirador por donde pasó en 2009 antes de morir. La causa que investiga el primer caso contaba con datos reveladores a disposición de las fiscales, pero no hicieron lugar a las pruebas. El juicio político intenta saber si existió intencionalidad en esta decisión.
