El Senado sancionó la expropiación de un terreno en La Matanza para construir una alcaidía para 300 detenidos

La Legislatura bonaerense dio luz verde al proyecto del ministro Alak que implica la expropiación de tierras en González Catán, donde quedará alojada la nueva unidad, y de otras seis parcelas en los municipios de Quilmes, Moreno, Merlo y Tigre. Buscan descomprimir la sobrepoblación en los penales bonaerenses al que, aseguran, hoy, le faltan “20.000 plazas”.

El Senado bonaerense sancionó, este jueves, el proyecto del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, para expropiar seis terrenos -uno de ellos, en la localidad matancera de González Catán- para construir seis alcaidías penales para alojar a 300 detenidos cada una y descomprimir, así, la situación del Servicio Penitenciario Bonaerense que “afronta la sobrepoblación más alta de su historia“, según plantea la iniciativa en sus argumentos. Los otros seis terrenos que se expropiarán se ubican en Quilmes, Moreno, Merlo y Tigre.

Esta ley forma parte del Plan de Infraestructura Penitenciaria que, en parte, integra el Plan de Seguridad para el Conurbano bonaerense que el Gobierno nacional anunció en septiembre, de los cuales 12.800 millones de pesos se destinarán a construir dos nuevas unidades penales con capacidad para alojar a mil detenidos cada una y diez nuevas alcaidías para 3.000 reclusos en total.

Los inmuebles expropiados serán transferidos al Estado provincial, que los asignará, a través del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De todos modos, el plazo fijado por el proyecto para construir y poner en funcionamiento estas nuevas unidades es de diez años. La iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de octubre pasado.

El Senado dio aprobación unánime a la iniciativa, aunque Juntos por el Cambio, que tiene mayoría en esa Cámara, se manifestó en contra de algunas de las locaciones elegidas -las de Quilmes y Tigre, puntalmente-, por lo que pidió incluir que sea la o el intendente pertinente quien dé el visto bueno al lugar donde se construya cada unidad.

En cambio, en el caso de La Matanza, no hubo cuestionamientos, al menos, en la sesión. "La Matanza tiene 4.000 detenidos y solo tiene lugar para 400. Es decir que hay 3.600 matanceros que están en otros lados, que generan visitas largas, prolongadas y a las que no pueden acceder personas de bajos recursos", avaló el titular de la bancada cambiemita, Roberto Costa, en relación con la instalación de la nueva alcaidía en el Distrito. 

Durante la reunión que, este lunes, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, encabezó en el marco del Consejo de Seguridad local les confirmó a las autoridades presentes -miembros del HCD, Gendarmería, Policía de la Provincia y el Poder Judicial local- que el lugar elegido es un terreno contiguo a la Unidad Penal Nº 43 de González Catán, entre la calle Domingo Scarlatti y los arroyos Las Víboras y Morales. 

En los argumentos de la iniciativa, el Ejecutivo bonaerense remarca que “el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) afronta la sobrepoblación más alta de su historia“ y alude que “entre 2016 y 2019, se produjo un incremento extraordinario en el número de personas privadas de la libertad”, al pasar de los 35.000 detenidos que había en 2015 a los actuales 49.000 que alojan los penales, alcaidías y comisarías bonaerenses. En ese sentido, la capacidad "ideal" del SPB es de 24.100 plazas y su capacidad tolerable, o adaptada, llega a las 31.300. Por eso, se calcula que el déficit actual ronda las "20.000 plazas". 

Para justificar la selección de los lugares donde se instalarán, se destaca que “el 69,2 por ciento del total de la población en contexto de encierro” tiene domicilio en el AMBA pero que “el total de plazas con las que cuenta el sistema para alojar a personas en ubicaciones cercanas en dicha región, es de apenas el 38,7 por ciento del total”. En ese sentido, la construcción de nuevas unidades tiende a “facilitar la vinculación de las personas privadas de la libertad con su entorno familiar” para “reducir las tensiones en los lugares de detención”, como así también habilitar “la conexión con organismos judiciales y el acceso a servicios de atención sanitaria y educación”.