“Queremos mantener los contratos de trabajo y las unidades productivas”, resaltó Moroni

El titular de Trabajo se refirió a la ampliación del programa de asistencia a las empresas en el marco del aislamiento social, que incluye el pago del 50 por ciento de los salarios de los trabajadores de las firmas privadas, con un tope de 33.750 pesos.

Este lunes, los ministros de Desarrollo Sustentable de la Nación, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, dieron una conferencia en que especificaron algunas cuestiones de la ampliación de la asistencia a las PyMEs, que había sido informada en las primeras horas del día en el Boletín Oficial. Una de las cuestiones más importantes es que el Estado se hará cargo del 50 por ciento del salario neto de los trabajadores del sector privado que se desempeñan en fábricas que bajaron mucho sus ventas y/o su producción por la cuarentena. El mínimo será el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, fijado en 16.875 pesos, y el techo, dos SMVM, 33.750.

Moroni se refirió, principalmente, a esta política y destacó su objetivo fundamental: “Queremos mantener los contratos de trabajo y las unidades productivas. Hay que evitar que se corten los contratos de trabajo”. En ese sentido, mencionó que, en algunos rubros, como trascendió en los casos del SMATA y de los metalúrgicos, no se descarta negociar suspensiones con la percepción de la mayor parte del sueldo de los trabajadores para que no haya desvinculaciones.

“En materia de suspensiones en las actividades que no están trabajando, se negocian suspensiones acordadas con el sindicato y homologadas con el Ministerio de Trabajo”, expresó, y consideró que, dada la coyuntura, “es una herramienta útil porque preserva la fuente y los contratos de trabajo”. “Tratamos de que, con esta asistencia, la suma que perciba el trabajador en los posibles días de suspensión sea lo más adecuada que se pueda”, indicó, aunque precisó que los acuerdos por suspensiones que se acordarían “pueden ser revisados”.

El programa de asistencia incluye, además, la postergación o reducción de hasta el 95 por ciento de las contribuciones patronales de las empresas, el aumento del seguro de desempleo a 10.000 pesos y créditos a tasa cero para los trabajadores informales y los monotributistas de todas las categorías, entre otras cuestiones.