Entidades de bien público firmaron un petitorio para acceder a una tarifa social

Organizado por la Dirección de Asuntos Comunitarios, se llevó a cabo un encuentro entre representantes de entidades de bien público y autoridades locales, el martes en el Salón Malvinas del Municipio, con el objetivo de firmar un petitorio colectivo dirigido a las empresas para que se implemente la ley 27.218 que ampara a los clubes barriales, comedores, sociedades de fomento y bibliotecas comunitarias de los “tarifazos” de los servicios públicos.

En dicha jornada estuvieron presentes el director de Asuntos Comunitarios, Tomás del Valle García; la secretaria de Desarrollo Social y autora de la norma, Claudia Bernazza; la Defensora del Pueblo, Silvia Caprino; el senador provincial, Daniel Barrera y el secretario general de Gobierno municipal, Gustavo Dutto, quienes disertaron ante 200 personas dispuestas a reclamar la aplicación de la ley.

Para la mayoría de los representantes de clubes y sociedades de fomento, la película Luna de Avellaneda del director Juan José Campanella, refleja claramente la situación socio-económica que están viviendo. Así, el encuentro comenzó con la reproducción de un compilado de varias escenas de dicho film estrenado en 2004.

“Fue una reunión multitudinaria donde todas las fuerza vivas se dieron cita frente al interés común que es defender el trabajo comunitario, ponerlo en valor y que se reconozca su naturaleza específica. En este caso, se toma una ley vigente que prevé tarifas diferenciales mucho menores en materia de servicios públicos para las organizaciones de bien público”, explicó Claudia Bernazza, a El1 Digital.

Según la ex diputada nacional, la ley 27.218 contempla ciertos requisitos para poder acceder a la tarifa social y habla sobre la desburocratización del trámite. “Las entidades tienen que ser de bien público, que lleven adelante programas sociales reconocidos a nivel municipal, provincial y nacional. Además, no se les deben exigir ningún otro papel de los que ya hayan presentado para llevar adelante los programas sociales”, afirmó.

Durante la jornada, uno de los participantes recordó que durante la década del ´60, ciertas entidades comunitarias tenían la posibilidad de no pagar los servicios de luz, agua y gas. Entonces, varios presidentes de clubes y cooperativas aplaudieron la idea de no pagar ya que brindan un servicio público. “Quizás estamos en una sociedad más compleja, con un mayor números de entidades, pero por lo menos estamos exigiendo el cumplimiento de una ley para que no sean tomados como industrias o comercios”, sostuvo la ex diputada nacional.

Por otra parte, los integrantes del panel explicaron las diferencias entre la norma en cuestión y la ley 27.098 denominada “Promoción de los clubes de barrio y de pueblo”, la misma fue sancionada en 2014, pero no fue reglamentada. “La ley 27.218 atiende especialmente la relación entre las entidades de bien público y los servicios como usuarios, es decir que atiende el problema concreto que nos urge. Mientras que, la otra norma impone, desde el Congreso al Poder Ejecutivo, el desarrollo de políticas públicas activas y asistencia a los clubes de barrio”, expuso el defensor del pueblo adjunto, José María Mira.