Tras la muerte del futbolista de Barracas Central, la APDH La Matanza advirtió que "los políticos deben controlar a las fuerzas de seguridad"

La muerte de Lucas González, el jugador de 17 años de Barracas Central que falleció el jueves tras ser baleado en la cabeza por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de un confuso episodio en Capital Federal que continúa en investigación, causó conmoción y diferentes repercusiones en representantes de organismos de derechos humanos, sociales y políticos.

En este sentido, también desde APDH La Matanza se expresaron al respecto. Así, en comunicación con El1 Digital, Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, evaluó: “Habría que hacer una estadística seria de los casos de gatillo fácil en La Matanza. La CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) tiene una base de datos de todos los casos. Justamente, el libro que escribió Adriana Meyer trata sobre las desapariciones en democracia”.

“Creo que son 206 los desaparecidos en democracia, desde el año 1983 al 2021. Ahora, por ejemplo, (la abogada) María del Carmen Verdú (militante de CORREPI y Abriendo Caminos) brindó un dato interesante: ayer se cumplieron cinco años de la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, del traspaso de la Policía Federal hacia el gobierno de la Ciudad. Bueno, en esos cinco años, hubo 125 casos de gatillo fácil, de fusilamientos. Esto, fuera de lo que son muertes en comisarías y torturas”, repasó.

Cabe recordar que el adolescente de 17 años fue baleado en la cabeza por policías de la Ciudad que lo interceptaron cuando se trasladaba con tres amigos en un auto por el barrio porteño de Barracas. Los familiares del joven denunciaron que los efectivos "tiraron a matarlo". El hecho ocurrió a las 9.30 del miércoles cuando, en circunstancias que aún son materia de investigación judicial, el adolescente y tres amigos se movilizaban en un Volkswagen Suran azul y, al detenerse en un kiosco situado sobre la calle Luzuriaga, de Barracas, fueron interceptados por efectivos de civil de la Comisaría Vecinal 4C quienes, según la versión policial, creyeron que iban a cometer un robo.

La Policía sostuvo que los jóvenes se negaron a ser identificados, que embistieron con el vehículo a dos efectivos y tras una persecución a los tiros que se extendió hasta el cruce de Alvarado y Perdriel, el futbolista fue hallado herido de dos tiros en la cabeza en el asiento del acompañante, dos de sus amigos fueron detenidos y un tercero escapó, aunque más tarde se presentó en sede policial con su madre y quedó aprehendido.

Según la Policía, en el auto de los chicos fue hallada una réplica de plástico de un arma, pero Cintia, la mamá del adolescente muerto, afirmó que "nunca" pudo haber sido vista por los agentes, porque la hallaron en el baúl. "La encontraron recién a la noche, una réplica y en el baúl", dijo Cintia, al considerar que el arma fue "plantada".

Al igual que Cintia, los demás familiares de los chicos detenidos rechazaron la versión policial, aseguraron que no habían cometido ningún delito y que acaban de salir de un entrenamiento, ya que se habían ido a probar a las divisiones inferiores de Barracas Central. Tras la muerte de Lucas González, Barracas Central dispuso tres días de duelo.

Con respecto a las causas estructurales que pudieron ocasionar este desenlace fatal, Pimentel evaluó: “Esto tiene que ver con una falta de control político sobre todos los miembros de la seguridad, y una mentalidad absolutamente represiva de los mismos miembros de la fuerza”.

“Además, tiene que ver con una muy mala preparación profesional en lo que hace a detectar un posible delincuente, y no actuar como actuaron, con una violencia inusitada, desde un vehículo particular y vestidos de particular, donde los policías tenían más pinta de delincuentes que de otra cosa. Y es lo que le pasó a este chico, así que (este hecho) es totalmente repudiable por donde se mire”, lamentó.

Por último, Pimentel reclamó: “Hay que exigir un castigo ejemplar, pero, sobre todo, los políticos deben controlar a estas fuerzas que ponen en peligro a los ciudadanos”.