Con la aprobación del Senado, el aborto es legal en Argentina

Tras una sesión de más de doce horas y con una diferencia mayor a la prevista, la Cámara Alta transformó en ley el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo impulsado el Ejecutivo por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.

En una sesión histórica que se extendió por más de doce horas, el Senado convirtió en ley, en la madrugada de este miércoles, la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, a partir de un proyecto que el Presidente, Alberto Fernández, había enviado al Congreso el 17 de noviembre y que la Cámara de Diputados aprobó el 11 de diciembre. El debate fue seguido por miles de manifestantes y colectivos de mujeres de todo el país, que celebraron su sanción.

Con el apoyo de senadores oficialistas y opositores, el proyecto sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se transformó en ley en una votación crucial que deja al Gobierno con una de sus promesas de campaña saldadas en el cierre de su primer año de gestión y una victoria legislativa de cara al ciclo electoral que se avecina. 

Si bien el poroteo previo ya anunciaba la victoria de la legalización, la diferencia conseguida fue mayor a la prevista: fueron 38 los votos a favor, 29 los rechazos y una abstención. La balanza la inclinaron cinco senadores que aparecían como indecisos y que terminaron avalando la ley: fueron Lucila Crexell, Oscar Castillo, Stella Olalla, Edgardo Kueider y Sergio Leavy. El rionegrino Alberto Weretilneck, quien había firmado el dictamen del plenario de comisiones pero con disidencias porque cuestionaba los plazos que admitía el texto para realizar la práctica, también votó a favor.

Para destrabar esos votos, fue clave el anuncio que expresó, al inicio de la sesión, pasadas las 16, Norma Durango, la senadora oficialista que preside la Banca de la Mujer y que dirigió el debate en comisiones: el Poder Ejecutivo se comprometió a modificar el texto de la ley al momento de reglamentarla. 

Así, según anticipó, se va a “vetar parcialmente la palabra 'integral' en el inciso B del artículo 4” del texto aprobado en Diputados, que refiere la “salud integral” de las mujeres como posible causal de la interrupción legal del embarazo. Esa era una demanda de algunos indecisos, quienes entendían que ese término habilitaba todas las interrupciones a partir de la semana 14, y no solo por las causales ya previstas en el Código Penal desde 1921, es decir, por violación o cuando la vida de la persona gestante está en riesgo.

Las ausencias del exgobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, y de la senadora riojana Blanca Vega restaron votos al sector “celeste”, como así también la abstención de Guillermo Snopek, peronista de Jujuy. También pesó que no participaran el exgobernador tucumano, José Alperovich, quien está con uso de licencia mientras es investigado por la Justicia, acusado de abuso sexual contra su sobrina, ni el expresidente Carlos Menem, internado y en delicado estado de salud. Ambos eran votos contra la IVE. 

Los discursos de los senadores y senadoras mostraron un debate serio, profundo y respetuoso y quienes defendieron la ley alegaron que la clandestinidad del aborto es un problema de salud pública y de justicia social, al apuntar que son las mujeres y personas gestantes con menos recursos las que mueren o ponen sus vidas en riesgo al someterse a esas prácticas, hasta ahora, no reconocidas por la ley. 

Hubo intervenciones fuertes y de impacto, como la de la peronista Silvina García Larraburu, quien en 2018 había votado en contra de la ley y, esta vez, lo hizo a favor porque alegó haber comprendido la profundidad de la discusión. 

“No podemos ser el ala progresista de un partido conservador”, apeló la oficialista Ana Almirón, rememorando una frase del expresidente Néstor Krichner, en otro de los discursos destacados de la noche y apuntó que “las gurisas son obligadas a parir a los diez, once y doce años”. “Esta ley significa justicia social, porque equipara a ricos y pobres”, fue el cierre de su intervención. 

La bonaerense Gladys González, del PRO, también expuso un discurso comprometido, en el que se describió como profundamente católica y recordó que perdió un embarazo dos días después de haber votado a favor del aborto hace dos años. “Por un instante, pensé que Dios me había castigado”, dijo conmovida para aclarar que “el Dios en el que creo no es un Dios que castiga es un Dios que ama y es compasivo”. Así, reclamó al Estado y a la Iglesia una autocrítica frente a esta discusión. 

Desde los palcos, hubo funcionarios que siguieron la sesión y que fueron clave en la generación de los acuerdos para la sanción, como la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro y la viceministra de Salud, Ginés González García y Carla Vizotti; la asesora presidencial Dora Barrancos; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien fue la redactora del proyecto del Gobierno; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner. El Presidente siguió el debate desde Olivos, en comunicación permanente con sus funcionarios. 

“Esta ley que hoy se consigue es un logro de muchas décadas, muchas luchas, muchas mujeres de distintos partidos políticos, y hoy la política se hizo cargo de una demanda”, celebró Ibarra tras la sanción y remarcó que su deseo es que “nunca más haya una mujer muerta en un aborto clandestino”.

“Es una ley que nos vuelve más iguales como país, que nos saca a las mujeres de la clandestinidad. Espero que los sistemas de salud reciban a las mujeres, las cuiden y las traten con dignidad. Es una lucha de muchos años, muchas mujeres murieron. Hoy, la política se puso a la cabeza y le demuestra a las mujeres que nosotras tenemos autonomía, derechos y nos reconocen en igualdad. Es un gran día", destacó, visiblemente emocionada. 

Durante la misma sesión, y por amplia mayoría, el Senado también aprobó el otro proyecto que el Ejecutivo había girado junto con la legalización del aborto: el Plan de los Mil Días, que prevé un acompañamiento estatal, sanitario y económico, a las mujeres que maternan en situación de vulnerabilidad, durante el embarazo y los primeros tres años de vida de sus hijos. Entre otros aspectos, el proyecto extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación y amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora estaban excluidas de este beneficio.