La querella de CFK le solicitó a Capuchetti que "revea la postura" de Hernan Carrol, en la causa por el atentado

La presentación judicial fue expuesta por la vicepresidenta en sus redes sociales. Allí, sus abogados, José Manuel Ubeira y Marcos Alzazabal, reclamaron que se “dejen de “descartar” líneas de investigación”.

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Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Alzazabal, le solicitaron a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lleva la causa por el intento de asesinato, que "ordene el inmediato allanamiento de todo domicilio” del dirigente libertario Hernan Carrol, se amplíen indagatorias, principalmente, la de Gabriel Carrizo, Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, además de procesarlos como miembros de una asociación ilícita. La presentación judicial fue expuesta por la titular del Senado en sus redes sociales. Allí, también reclamaron la “pericia caligráfica del manuscrito sobre la Regla Tueller, hallado en la casa de Brenda Uliarte” y “el cambio de la calificación de la intervención de Carrizo a coautor del delito”.

En ese sentido, Cristina Kirchner consideró que son “medidas de prueba que debería haber hecho el juzgado”, haciendo referencia, nuevamente, a la inacción de la magistrada, al poner el foco en los mensajes que escribió Carrizo dos horas después del atentado. “Mensajes que no le fueron atribuidos en su indagatoria y que hacen imperante una ampliación de su imputación”, remarca el documento y expone los chats de Carrizo en los que se puede leer: “Recién intentamos matar a Cristina”, "Mi empleado. Le quiso disparar. Va a ir preso", "El arma es mía amigo”, entre otros.

El material relevado surge de “una serie de informes que realizó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) sobre dispositivos celulares”. De este modo, advirtieron que “a nivel probatorio, es necesario que se identifique a todas las personas con las que Carrizo intercambió mensajes y llamadas, como así también de las que no se sabe hasta el momento y citarlas a prestar declaración testimonial”. “Las nuevas comunicaciones dejan en claro que la intervención de Carrizo no fue la de un cómplice secundario, sino la de un coautor. Por eso, tras la nueva indagatoria, su procesamiento debe ser en este carácter”, continúa el texto.

“Atribuirle (A Carrizo), solamente, la entrega del arma deja de lado el grueso de la prueba, que lo revela como alguien que participó en la decisión de cometer el hecho y que, incluso, fue un líder dentro del plan criminal. Como vimos, tener un rol decisor es lo que diferencia a un coautor de un partícipe”, plantearon, en la presentación, sobre la figura que se le aplicó a Carrizo en la causa. “Exigimos que deje de “descartar” líneas de investigación y que haga lo que la ley le indica que debe hacer: precisamente, averiguar la verdad”, señalaron en la carilla número 15.

La querella, además, se refirió a “un informe” realizado por la DAJuDeCO (una oficina del Poder Judicial que asiste en investigaciones de delitos complejos) “respecto del teléfono de Hernán Carrol” y requirieron que “se revea su postura y ordene el inmediato allanamiento de todo domicilio” del dirigente libertario. “Los resultados que arrojó muestran cómo en cuatro días distintos hubo coincidencias de coberturas próximas de antenas entre los teléfonos de Hernán Carrol, Brenda Uliarte, Martín Uliarte y Fernando Sabag Montiel”, indicaron y sumaron que, también, se "muestra cómo, el 4 de agosto, el celular de Carrol recibe una comunicación que impacta en la antena de Ángel Pache, domicilio declarado de Gabriel Carrizo”.

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A su vez, manifestaron que es de su interés conocer la autoría de “la hoja en la que consta la ‘Regla Tueller’, hallada en el domicilio de Brenda Uliarte”. “Debe contrastarse de inmediato con cuerpos de escritura de la propia ocupante de la vivienda donde fue hallada, tanto como si fue dictado, escrito por más de una persona o en más de una ocasión”, expresaron.

La “Regla Tueller o de 21 pies” es un protocolo que se enseña en todas las escuelas de policías y agencias gubernamentales de Estados Unidos, como parte fundamental del entrenamiento con armas de fuego. La misma, establece que 21 pies o lo que es lo mismo 6,4 metros de distancia es la mínima para tener posibilidades de defenderse efectivamente con un arma de fuego.

Link a la presentación judicial:

https://drive.google.com/file/d/11eif7wF4_5TYZTswSQLYTz1-AA8kZviS/view