El Gobierno nacional pidió un juicio político para Horacio Rosatti

Según lo expuesto por Alberto Fernández, “el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia ya no necesita de ningún análisis especial”.

El primer día de un nuevo año electoral, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció vía redes sociales que junto a los gobernadores que “acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, tras la polémica generada en torno a los puntos de la Coparticipación, iniciará un juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, “para que se investigue su desempeño”.

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Lo cierto es que, desde que el máximo tribunal dictó la medida cautelar a favor de la ciudad que conduce el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y resolvió que el Gobierno debía restituirle los fondos que le quitó al distrito en su momento, el mandatario decidió no acatar el fallo judicial y recusar a los miembros de la Corte, aunque, posteriormente, expuso que le transferiría a la Cuidad los fondos correspondientes a 90 días en una cuenta del Banco Nación. Ahora, desde la Casa Rosada difundieron la carta de Fernández en la cual, también, solicitó “que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.

“Al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mi dependiere”, recordó Fernández en el texto, al exponer que “en los últimos meses se ha visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina”. “Han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial”, criticó.

En ese marco, aseguró que debe “impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional”, poniendo el foco en “una innecesaria medida cautelar” y al “indebido planteo de una ciudad autonómica”.

Asimismo, señaló que, también, le ordenó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos “que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo", por los chats filtrados en los últimos días.