Juicio por jurados: arrancó el segundo proceso judicial por el crimen de Esteban Bellido

Este lunes, alrededor de las 15.30 y luego de la selección de jurados, arrancó el juicio por el homicidio de Esteban Bellido, el vecino de la localidad de Virrey del Pino que fue atacado a balazos durante un supuesto procedimiento antidrogas el 31 de octubre de 2022.

El Tribunal en lo Criminal N°5 de La Matanza es el encargado de presidir el debate oral que se realiza en la Sala de Juicios de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales a El1, las audiencias culminarán el próximo 30 de mayo.

El primer juicio

En marzo pasado, en un juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal N° 5 condenó a ocho de los once policías acusados del homicidio de Bellido. Los oficiales fueron sentenciados a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de la condena por ser autores del delito de “Violación de los deberes del funcionario público”.

Los sentenciados fueron Daiana Noelia Bazán, Gonzalo Javier Diaz, Sofia Alejandra Benítez, Federico Daniel Florencio, Matías Ezequiel Silva, Jorge Nicolás Acosta, Florencia Belén Coria Barrios y Javier Egberto Imán. Todos estaban acusados de los delitos de “Violación de los deberes del funcionario público en concurso ideal con encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave y por ser funcionario público”.

En diálogo con El1, el hermano de la víctima, Adolfo, manifestó: “Obviamente que queríamos una condena mayor, pero era lo que se les iba a dar por encubrimiento y nada más. En cuanto al resto, apuntamos a la prisión perpetua”. Por otro lado, el proceso judicial tendrá su segunda parte, en donde juzgarán a los tres policías restantes. 

Detalles de la investigación

Según la descripción que se realizó en el pedido de elevación a juicio de la fiscalía, el crimen del trabajador fue cometido el 31 de octubre, cuando los efectivos del grupo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de ese distrito llegaron a bordo de varias patrullas hasta la calle De la Gándara entre Arismendi y Federico Lacroze.

“Tres de ellos actuando de consuno y con división de roles, descendieron de los mismos y comenzaron a caminar por la zona descampada lindante donde, próximos a la intersección de las calles Padre Mugica y Alborada, de la misma localidad, y abusando de su función o cargo al ser miembros integrantes de una fuerza policial, efectuaron varios disparos de arma de fuego sobre la humanidad de Esteban Rafael Eduardo Bellido, con clara intención de causar la muerte", aseguraron.

En esta línea, sumaron: “Los balazos impactaron en la zona posterior del tórax derecho y en la cara anterior de la muñeca izquierda de la víctima, provocándole lesiones de magnitud tal que ocasionaron su posterior deceso". En tanto, para los acusadores el resto de los policías imputados "tras la comisión de un delito especialmente grave, ejecutado por otros y en el que no participaron, ayudaron a eludir las investigaciones de la autoridad y a sustraerse a la acción de ésta, al retirarse todos del lugar del hecho sin haber denunciado o comunicado su perpetración; ello, habida cuenta de la obligación de promover la persecución penal de un delito, al ser funcionarios policiales, no ejecutando las leyes cuyo cumplimiento les incumbía".

Bellido era un trabajador y no llevaba ningún arma

Los policías implicados aseguraron que al momento de los disparos realizaban un operativo antidrogas en esa zona de Virrey del Pino, un sector en el que las bandas narcos se disputan el territorio para la venta de drogas y en el que es moneda corriente que haya enfrentamientos entre sus habitantes. No obstante, para la Justicia no quedó probada la efectiva existencia de ese procedimiento ni que Bellido estuviera implicado en alguna situación sospechosa.

Incluso, en la causa fueron varios los testigos que dijeron que "Juje" Bellido no tenía relación con bandas dedicadas a la actividad narco, sino que era "trabajador" y "buena persona". Además, al momento de caer muerto a balazos por la espalda, el vecino no llevaba armas ni ningún elemento que hiciera pensar que se resistió a un arresto.

Tras el crimen, el fiscal que inicialmente intervino en el hecho y luego fue reemplazado por Arribas, Gastón Duplaá, dispuso la aprehensión de once policías de la UTOI por "Homicidio" y ordenó secuestrar sus armas reglamentarias y tres de los móviles policiales para que se analicen sus sistemas AVL que permite determinar su geolocalización.

Además, por haber policías involucrados, derivó las pericias a Gendarmería Nacional, que secuestró en la escena del hecho once vainas servidas que, tras los peritajes, se determinó que fueron percutidas y expulsadas por una misma arma de fuego: la pistola secuestrada en poder de uno de los imputados.

La jueza de Garantías concluyó en base a las pruebas aportadas que no existió enfrentamiento "ya que la víctima no llevaba ningún tipo de arma" y que por los dichos de testigos se puede afirmar que el resto de los policías que llegaron al lugar tras el crimen "muy probablemente decidieron deliberadamente no comunicar el hecho a sus superiores para ayudar así a los coautores del homicidio a eludir la investigación y sustraerse de la autoridad".