La suba en las tarifas de gas “es de bajo impacto en los consumidores”

El titular de Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, consideró que el incremento en las tarifas de gas, que será de hasta un 20 por ciento para los usuarios residenciales y de hasta un 15 para las PyMEs, “es moderado”.

"Hay que tener en cuenta que hay distintas situaciones según cada persona”, remarcó Boada.

Hace menos de un mes, el Gobierno nacional autorizó un incremento en las tarifas de gas de entre 36 y 60 por ciento para transportistas y distribuidores, aunque, al ser escalonado, el impacto en los consumidores será menor. Así, el aumento será de entre 19 y 20 por ciento para los usuarios residenciales, y de entre 14 y 15 para las PyMEs. En diálogo con El1 Digital, el titular de Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, se refirió al encarecimiento y aseguró que “es moderado”. “No es el aumento que querían las empresas ni es el cero que queríamos nosotros. Entendemos que, hasta ahora, es de bajo impacto en el bolsillo de los consumidores”, sostuvo.

Además, habló de la suba en las tarifas de luz, por las que se estima un número similar al del gas: “En el documento que presentamos en la Comisión de Usuarios del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), decimos que, si bien no es bueno que haya aumento, un nueve por ciento de suba el año pasado y un 21,9 (desde la asunción del Alberto Fernández) es de baja incidencia en los usuarios y consumidores”.

En esa línea, recordó los tarifazos en los servicios de primera necesidad durante la gestión de Cambiemos: “En los cuatro años del macrismo, los servicios públicos aumentaron entre 2.500 y 4.500 por ciento. Pero el actual aumento es de bajo impacto en los consumidores, debajo de los índices de inflación, aunque arriba de los índices económicos de la gente”.

La posibilidad de la segmentación tarifaria

Desde la entidad que representa, Boada remarcó que “la situación no está para generar aumentos en las tarifas”, por lo que sugirió “explorar el tema de la segmentación, no basada en un método de zonificación, sino en un socioambiental, un estudio mucho más profundo que implica sectores que paguen la tarifa plena, otros con tarifa social y otros con un abanico”.

“El tema de la segmentación, hasta ahora, no se ha encaminado, pero hay que tener en cuenta que hay distintas situaciones según cada persona”, remarcó, y precisó sobre la propuesta: “La idea es que sea a través del ENRE. Que la persona se presente, muestre su documentación y diga que no está en condiciones de pagar y por qué motivos”.

En ese sentido, subrayó: “Creo que se debe aplicar una tarifa social como la de AySA, donde se realiza un informe socioambiental que tiene en cuenta distintos factores, como quiénes viven en la propiedad, si hay menores o personas con enfermedades crónicas o discapacidades, cuáles son los ingresos en el grupo conviviente y cuál es el nivel de gastos”. “Se trata de una base de parámetros para calcular el descuento de la tarifa social. Es lo más complejo, pero, también, lo más justo”, afirmó, y concluyó, sobre ese punto: “Me parece razonable la medida del ENRE de quitarle el subsidio a más de 900 empresas como bancos, casinos y bingos”.