COP2 de Escazú: un acuerdo clave para la protección de los defensores del Ambiente

Entre el 19 y el 21 de abril, Buenos Aires fue sede de la Segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Para los expertos, hay una cruda realidad: América Latina y el Caribe es la región más peligrosa para ser activista ambiental y una de las más afectadas por la crisis climática. Casi el 70 por ciento de los asesinatos de defensores del ambiente suceden en América Latina, a lo que se suma un gran número de amenazas, episodios de violencia e intimidaciones.

El objetivo de esta Conferencia celebrada en Argentina de carácter extraordinario -el Acuerdo se realiza cada dos años: la edición anterior se realizó en Santiago, Chile, en formato híbrido y el próximo será nuevamente en el país limítrofe- se centró en definir la elección de los miembros del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, los mecanismos de financiamiento y la generación de un Plan de Acción para garantizar la protección de las y los defensores del ambiente del continente.

Asimismo, los Estados Parte anunciaron la puesta en marcha del Fondo de Contribuciones Voluntarias, que serán aportes voluntarios de los países miembros, con México y Chile como los primeros en oficializar sus contribuciones.

Tras dos días de trabajo cooperativo y hacia el cierre de la segunda jornada, los países también aprobaron la "Declaración de Buenos Aires", documento en donde expresaron su compromiso para avanzar en los temas que deberán tratarse en la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3), a realizarse en 2024, con sede en Santiago, Chile.

Qué acciones se están realizando en Argentina para implementar el Acuerdo

Durante la Conferencia, Argentina presentó su Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo, donde, bajo el principio de la transparencia, detallaron las instancias de trabajo interno como aquellas abiertas a la participación de la ciudadanía. Según la Secretaría de Cambio Climático, desde el Ministerio de Ambiente se encuentran trabajando con un equipo de consultores de la CEPAL, con el Banco Mundial y varios organismos para generar una hoja de ruta del esquema de gobernanza para implementar el Acuerdo de Escazú a nivel nacional, así como también para definir la Participación Temprana de las Organizaciones en la toma de decisiones y el acceso a la justicia.

“Estamos en un punto de inflexión donde esperamos que el debate entre ambiente y desarrollo esté superado. El uno sin el otro no es posible, no es viable. Estamos enfrentando una triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de biodiversidad y de contaminación que nos exige pensar un desarrollo económico y un crecimiento para dar respuesta a grandes problemas que tenemos, como la pobreza y la desigualdad”, aseguró la secretaria de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente de la Nación, Cecilia Nicolini, en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM.