Habrá juicio político para el juez y los fiscales
Se trata del juez de Garantías Gustavo Banco y las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas, pertenecientes al departamento Judicial de La Matanza. Pesa sobre ellos una acusación por entorpecimiento de la causa.
La decisión de avanzar con el juicio político contra los fiscales y el juez, que tuvieron en sus manos la investigación sobre el paradero de Luciano Arruga durante los primeros meses, llegó tras la reunión, el pasado martes, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense.
Cinco años y ocho meses después de haber sido detenido en una comisaría de Lomas del Mirador, el cuerpo del joven apareció en el cementerio de la Chacarita. Había sido enterrado como NN. A partir de allí, el foco de la polémica se posó sobre los magros avances judiciales.
Hacia la Verdad
A partir de esta decisión se avanzará en la elaboración de un sumario que tiene por propósito formalizar el pedido y analizar la actuación y el grado de responsabilidad de los acusados.
“La decisión de no investigar la participación policial quedó en evidencia desde el primer momento en que se dejó a la Policía Bonaerense manejar el caso. La causa estuvo plagada de pistas falsas y de acciones de entorpecimiento”, explica un comunicado de prensa de la agrupación Familiares y Amigos de Luciano Arruga.
La necesidad de avanzar sobre el juicio político fue evidenciada por Familiares y Amigos, de la mano de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH) y motorizada por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según relata el comunicado no existieron “medidas de búsqueda serias” en lo que respecta a la investigación de paradero. Ambas fiscales contaban con las huellas dactiloscópicas del joven que formaban parte del material disponible, luego de ser solicitadas de la causa en la que Arruga fue detenido y torturado- en la misma comisaría de Lomas del Mirador- el 22 de septiembre del 2008.
“Sin embargo,- enfatiza el texto- no las usaron para buscarlo. Casi seis años después, esas huellas fueron un elemento fundamental en la investigación que se abrió con el hábeas corpus pedido por la familia, APDH La Matanza y el CELS en julio de 2014”.
