Economía y pandemia: por el COVID-19, se revaloriza el rol del Estado

La pandemia de coronavirus se empezó a hacer sentir con fuerza en Argentina en marzo del 2020, lo que generó un impacto muy negativo en la economía, con una caída del Producto Bruto Interno de 9,9 por ciento en la comparación interanual y un crecimiento de la pobreza, datos que, no obstante, mejoraron hacia fines del 2021.

Por aquellos días, sin vacunas contra el COVID-19 en el país, hubo seis meses de confinamiento estricto, por lo que el Estado debió jugar un papel central, con medidas fundamentales para los trabajadores, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el ATP, con el pago del salario complementario, que contemplaba el desembolso de la mitad de los sueldos de los empleados.

Y, a dos años y medio de los peores meses de la pandemia en Argentina, el Observatorio Social de la Secretaría de Medios y Comunicaciones de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) dio a conocer un relevamiento que da cuenta de que, de un universo de 1.547 personas del Área Metropolitana de Buenos Aires, un 85 por ciento valoró el rol del Estado.

De ese número, un 55,4 por ciento consideró que la presencia del Estado es muy importante, mientras que un 29,6 la definió como importante. De la cifra restante de encuestados, un 15 por señaló que el rol del Estado no es relevante, con un 10,1 que se inclinó por “poco importante”, y un 4,9 que optó por la opción “nada importante”.

Además, en la distinción por sexos, casi un 90 por ciento de las mujeres reivindicó el papel del Estado, ante poco más de un 80 de los hombres. Asimismo, la franja etaria que más destacó la injerencia del Estado es la que va de 35 a 54 años, con un 88 por ciento, mientras que la que va de 16 a 34 es la que menos relevancia le dio, con un 15 de rechazo.

En lo que respecta al nivel de estudios de los encuestados, el informe de la UNLaM precisó que aquellos con terciario y/o universitario incompleto son los que más respaldaron la injerencia estatal, con un 89 por ciento, en tanto que las personas con secundario incompleto son los que menos apoyan esta política, con un 20 por ciento de respuestas negativas.

Sin dudas, uno de los puntos de mayor relevancia en lo que fue la intervención del Estado durante los meses más difíciles de la pandemia y valorados por los encuestados, fue la inversión en materia de salud. Porque una gran parte del presupuesto se destinó, en primer término, a la compra de camas de terapia intensiva y de respiradores, lo que más se demandaba por esos días, y, en segundo término, la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Tras ello, a menos de un año de la llegada de la pandemia al país, ya había comenzado el plan de vacunación.