¿El nuevo régimen penal juvenil es la solución para bajar la delincuencia?

Por Lisandro Pellegrini*

Siempre hubo discusión respecto a la baja en la edad de imputabilidad. Nosotros teníamos una ley que venía de la última etapa del gobierno defecto, que ponía ese límite en los 16 años. Después hubo un proyecto del Poder Ejecutivo que propuso bajarla a los trece, y en el debate parlamentario se llegó a los 14. Eso se volvió ley en marzo de 2026, y se dispuso como fecha de inicio de su implementación el 5 de septiembre.

La jueza Marta Pascual, quien hace tiempo tramita causas en donde se evalúan las condiciones de detención, estaba investigando sobre el caso de unos menores detenidos en un centro cerrado de Lomas de Zamora. En ese contexto, realizó un análisis respecto de lo que implica la entrada en vigencia de esta nueva normativa y evalúa, desde mi punto de vista de manera correcta, que con la ley aumentaría la cantidad de personas detenidas y el trabajo del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil.

En definitiva, consideró que eso afectaría no solo los derechos de niños, niñas y adolescentes que hoy están detenidos, sino los que sean detenidos en el futuro. Además, afirmó que esta medida tampoco implicaría una mejora en la seguridad ciudadana, porque el hacinamiento genera, entre otras cosas, nuevas rutinas de criminalidad, por lo que suspende la aplicación de la ley por 60 días. En este lapso, solicitó a las autoridades provinciales involucradas que, a través de una audiencia, analicen el estado actual del sistema.

Las características de la nueva normativa

Estamos en un momento en el que la implementación de la ley es, por lo menos, controvertida. Con su modificación, son punibles los menores desde los 14 años en todos los delitos. Sin dudas, ha sido un cambio muy relevante: bajó cuatro años la edad de imputabilidad.

En ese sentido, uno puede esperar que esa gran diferencia de edad genere la criminalización de muchos episodios en los que se suelen involucrar menores de edad, sobre todo en ámbitos escolares y clubes de barrio. Ese tipo de conflictos que antes se gestionaban a través de mecanismos propios de resolución de las escuelas o de los clubes, probablemente ahora generen una investigación penal y esos chicos tengan que atravesar el circuito punitivo del estado.

Antes de esta nueva ley, las personas involucradas en un delito grave también eran privadas de su libertad, pese a que la edad de punibilidad era a los 16 años. Había una norma que habilitaba la detención de chicos que hayan cometido un delito grave en todo el país y, más allá de que el Estado debe acompañar a las víctimas, ese tipo de casos suele ser muy infrecuente.

Probablemente, la mayoría de los casos serán aquellos que tengan que ver con conflictos más leves, y para aquellas personas que conocemos cómo funciona el sistema penal del Estado, sabemos que cuando llega el poder penal se excluye toda otra forma de resolución de conflicto y pasa a ser la única alternativa de solución.

Baja de la edad de imputabilidad, ¿y de la delincuencia?

Yo soy muy pesimista al respecto, no creo que baje la delincuencia. Una ley que busca la “adultización” de los chicos está comprobado que no es una buena respuesta. Hoy los mayores problemas que atraviesan los pibes tienen que ver con los consumos problemáticos en edades muy tempranas. Las primeras instancias de sociabilidad se dan en entornos digitales, la tradicional y hegemónica masculinidad está absolutamente interpelada, y los pibes están muy interpelados en la manera en la que forjan su identidad.

Necesitamos herramientas mucho más versátiles para saber qué les pasa a los pibes y dónde están sus verdaderos problemas, toda una serie de desafíos que requieren de herramientas muy sofisticadas y sensibles. La respuesta que nos ha dado el Gobierno nacional a todo esto es muy rudimentaria, lo único que nos dice es que se pueden aplicar penas de hasta 15 años a personas de 14.

De hecho, la nueva ley no incorpora la mediación penal juvenil. De hecho, es bastante refractaria en cuando a herramientas ligadas a la justicia restaurativa, y esto se ve en la forma en la que se llevó adelante su implementación. Todo esto demuestra que la preocupación por parte del Gobierno nacional es nula respecto del crimen adolescente.

*Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.