Denuncian abuso sexual y torturas a mujeres detenidas en la Comisaría 3° de La Tablada

Tras una inspección realizada por la Comisión Provincial por La Memoria, se presentó un recurso ante la Justicia Bonaerense. Según el organismo, la Justicia “ordenó la inmediata clausura de los calabozos”, en tanto que el Ministerio de Seguridad “intervino la dependencia y desplazó a los funcionarios a cargo”.

Un grupo de mujeres detenidas en la Comisaría 3° de La Matanza denunció que sufrió “aislamiento extremo, abusos sexuales y prácticas de tortura de manera reiterada”, según informó la Comisión Provincial Por La Memoria (CPM) a través de un comunicado, en el cual brinda detalles de la inspección sorpresiva que el organismo llevó a cabo en esa dependencia policial, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura bonaerense.

Por el hecho, la CPM, que intervino a instancias del requerimiento del Defensor de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, interpuso un habeas corpus colectivo ante Juzgado de garantías N° 2 de La Matanza y aseguró que la Justicia “ordenó la inmediata clausura de los calabozos, después de constatar las condiciones del lugar y los episodios padecidos por las detenidas”.

“Encontramos que se estaban cometiendo una gran cantidad de delitos contra las mujeres que estaban allí detenidas”, confirmó el Secretario de la CPM Roberto Cipriano García en diálogo con 5 Minutos Más por Radio Universidad y detalló “dos hechos gravísimos de abusos sexuales”, que habrían ocurrido el 5 y el 19 de enero.

Por su parte, según el documento de la CPM, tras la reunión mantenida entre el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y los titulares del organismo de derechos humanos, el Gobierno provincial “intervino la dependencia y desplazó a los funcionarios a cargo”, en tanto que “se avanza con la sanción de los responsables”.

Además, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la CPM, “la Comisaría tercera de La Tablada está incluida en las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por las graves condiciones de encierro relevadas, que ponían en riesgo la vida y la integridad de las personas allí alojadas”. “El Estado nunca cumplió cono dispuesto”, avisaron.

Los detalles de la acusación

Según la denuncia difundida por la CPM, los hechos más graves fueron los “dos episodios de abuso sexual sobre varias mujeres, en el marco de requisas vejatorias constitutivas de torturas” de las que habrían sido víctimas 25 mujeres detenidas en esa comisaría.

Los perpetradores serían oficiales, hombres y mujeres, del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que serían los encargados de las requisas en las comisarías.

“El GAD es un grupo táctico, un grupo especial de la Policía que supuestamente está entrenado para situaciones extremas como toma de rehenes y formado para enfrentar niveles de violencia mucho más elevados que un policía común, a ese grupo lo estaban usando para hacer las requisas”, explicó a El1 Digital el Coordinador del equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, Manuel Tufró.

Para el especialista, “eso hace que esas situaciones terminen siendo terriblemente violentas, porque son policías que no están entrenados para el trato humanitario con el detenido”.

Por otro lado, además de los dos hechos ocurridos en las requisas del 5 y el 19 de enero, el documento de la CPM recalcó que “las detenidas pasaban hambre, recibían una mínima ración de comida al día y no se les permitía tener conservadoras ni calentadores para la comida que le acercaban sus familiares, cuando les llegaba” y describió que “en el lugar no tenían agua fría ni siquiera para consumir o hidratarse frente a las fuertes temperaturas de las celdas”.

“Tampoco contaban con acceso a la ducha y, cuando podían higienizarse, debía hacerlo frente a personal masculino que estaba siempre presente”, pormenorizó el informe, donde se refirió que “permanecían alojadas en la oscuridad”, en tanto que “debían orinar en botellas plásticas y defecar en bolsas de nylon”.

Por último, declararon que “no tenían asistencia médica ni traslados al hospital, aunque lo requirieran”, aunque según la CPM, “al menos ocho mujeres padecían patologías sin atención, algunas de ellas graves”.

Las cárceles de la Provincia, el eje del debate

Este hecho, vuelve a poner, una vez más, en el centro del escenario la situación crítica que enfrenta el sistema carcelario bonaerense, lo que llevó a que el Ministro de Justicia de la Provincia, Julio Alak, convocara a una mesa de diálogo intersectorial para abordar la problemática.

Según las estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), elaborada en base a datos del Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en octubre de 2019, había 49.452 personas privadas de su libertad dentro del sistema penal de la Provincia, con una disponibilidad para 28.810 reclusos, lo que marca una sobrepoblación de más del 70 por ciento.

Por esta razón, además del hacinamiento que los organismos de DDHH denuncian en las cárceles bonaerenses, en la Provincia, en octubre de 2019, había 4.109 detenidos y otras dependencias policiales. “Es la condición de posibilidad de hechos como estos”, expresó Tufró. “Es una situación insostenible”, añadió.

“A veces no con la gravedad de este caso, a veces con otras características, pero son situaciones que se vienen repitiendo constantemente en distintas comisarías bonaerenses”, refirió el especialista y recordó que “hoy en día, sigue habiendo más de 3.800 personas detenidas en comisarías bonaerenses y son personas que están a merced de efectivos policiales que no están preparadas ni formadas para ser guardias penitenciarias y, además, son lugares donde hay aún menos control”.

Por su parte, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza, remarcaron que “las comisarías no son lugares de encierro”. “El sistema es muy perverso y estos lugares funcionan como centros de tortura para las personas”, le dijeron a este medio desde el organismo que preside Pablo Pimentel y agregaron que “este caso es solo una muestra de lo que sucede”.

Por último, en relación a la convocatorio al diálogo, Cipriano afirmó que “el hecho de que el gobierno reconozca el problema es una situación importante” y reveló que “la idea es que, desde cada lugar institucional, cada responsable vaya adoptando las medidas necesarias para revertir esta situación”.