La disputa por el control de las comunicaciones

Por Luis Lázaro*

Creo que el VAR tiene que revisar la jugada y diría que no hay duda de que hay posición adelantada. Entonces, lo que tenemos no es la aprobación de una operación que, de hecho, existe como un hecho consumado: la operación económica de adquisición de Telefónica por parte de Telecom. 

Lo que el Gobierno está diciendo, a través de la Agencia Nacional de Defensa de la Competencia, es que esa aprobación depende de una adecuación como paso previo. Y esa adecuación supone la resignación de unos seis millones de abonados, sobre todo, en servicios móviles.

Y lo que la Agencia está diciendo es que, si esto no se modifica, hay un duopolio como operador del principal servicio de comunicación que utiliza la sociedad: el teléfono móvil, que se ha convertido en el gran articulador de nuestras prácticas cotidianas.

Concentración

Hoy tenemos un mercado que, sin la fusión de Telecom y Telefónica, tiene a Claro con un 41,8 por ciento del mercado, Telecom con un 33,8 por ciento y Telefónica con un 24,4 por ciento. Si esto se concreta así como está, lo que quedaría es una concentración de mercado de casi el 60 por ciento de los servicios móviles en manos del Grupo Clarín.

Entonces, lo que está planteando la autoridad de la Competencia, obligada a cumplir con la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, es: “Muéstreme que usted se desprende de todo esto que le sobra para decir que hay cierta competencia en el mercado”. Y recién entonces se podrá aprobar la fusión.

Cuando fue la famosa adecuación en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los máximos de esa ley obligaban al Grupo Clarín a dividir su estructura en seis empresas diferentes. El grupo hizo esa presentación ante la autoridad de aplicación y después metió la mula a la hora de decidir cómo se conformaban los directorios de esas compañías. Todo el mundo se dio cuenta de que no eran independientes, sino que eran parte del mismo esquema.

"Traje a medida"

Claro es el operador que quedó afuera. Recordemos que es un grupo poderoso vinculado a Carlos Slim, uno de los empresarios más importantes de América Latina, que está siguiendo con atención esta situación. Porque, eventualmente, le daría la posibilidad de aumentar su cartera de clientes y competir en mejores condiciones frente al Grupo Clarín.

Recordemos que todas las operaciones de desregulación, las reformas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, las reformas a la Ley Argentina Digital y demás medidas fueron, especialmente durante el gobierno de Mauricio Macri y con los últimos recortes del de Javier Milei, un traje a medida para que este grupo pudiera fortalecerse en una oferta de cuatro paquetes simultáneos donde es casi imposible la competencia.

Están ofreciendo servicios móviles, servicios audiovisuales, conectividad, etcétera. Entonces, claramente, lo que genera ingresos en algún lado permite hacer ofertas por otro, y eso hace casi imposible competir. Así como sucedió en su momento con la televisión por cable y los abonos a los espectáculos deportivos, lograron concentrar el mercado y hoy están en una situación similar.

Imposición de tarifas

Hay una falta de opciones reales que uno tiene para elegir un servicio en competencia. Y vuelvo a insistir con esta idea de la paquetización de la oferta: generan condiciones que van dejando fuera de la cancha a posibles competidores audiovisuales o posibles competidores en servicios móviles, como es el caso de Claro.

No es un tema solo de tarifas, que han aumentado mucho más que la inflación, sino también de calidad del servicio y de prácticas engañosas. Todos hemos protagonizado el clásico llamado para darte de baja con el único objetivo de que te ofrezcan algo que sea potable en términos de la economía familiar.

Son abusos de mercado que se pueden cometer cuando tenés una posición dominante. Y así lo definen tanto la Ley de Defensa de la Competencia como la Ley Argentina Digital. La posición dominante es aquella en la cual estás en una situación de mercado que te permite imponer tarifas y condiciones de prestación del servicio.

En la época de la pandemia, el decreto que se generó para hacer accesible de manera universal este derecho, porque todos dependíamos de una conectividad para estudiar, trabajar y comunicarnos, dispuso una serie de cuadros tarifarios y, particularmente, una tarifa social que garantizaba un piso de datos y conectividad a un precio accesible.

Fueron a la Justicia y, como la Justicia trabaja para ellos, se eximieron de cumplir con esa obligación y pusieron las tarifas a su antojo. De manera tal que los únicos que terminaron perjudicados fueron las pymes y cooperativas que, con tarifas bajas, no podían sostener el mercado y no tenían comprada la Justicia.

*Docente de Derecho de la Información de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)