Morir en una comisaría
Mauricio Castillo, de 41 años, fue hallado sin vida en un calabozo del destacamento de Lomas del Mirador. El análisis de la titular de la Correpi.
Por María del Carmen Verdú*
La primera causa de muerte a mano del Estado es consecuencia de estar en condición de detenido o detenida en un calabozo. En la dependencia policial, una vez que la persona está bajo el poder de hecho y de derecho del aparato estatal en condición de detenido, los funcionarios que están custodiando son responsables de la integridad física. Que se haya librado un pedido de detención no significa que sea eso tenga que ser una sentencia de muerte.
Según el registro del archivo de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), durante 2022 en todo el país, murieron 37 personas. Incluso, esas son las muertes de las que nos enteramos pero es probable que sean muchas más. De esas 37 muertes, más de la mitad ni siquiera estaba acusada de cometer un delito, sino que habían sido víctimas de una detención arbitraria por averiguación de antecedentes en una razia o al voleo durante una manifestación.
Hace 20 años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Bulacio, ordenó terminar con este sistema de detenciones arbitrarias y eliminar todas las facultades que habilitan a los miembros de las fuerzas de seguridad a detener a cualquiera en cualquier momento. En Argentina, todas las demás deberían ser eliminadas, pero siguen vigentes. Si las cumplieran, evitarían más de la mitad de las muertes en comisarías.
*Titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)
