Crimen del empresario: dictan prisión preventiva para seis de los siete imputados

Seis de los siete imputados por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario hallado descuartizado dentro de una valija en un arroyo de la localidad de Ingeniero Budge, seguirán detenidos con prisión preventiva. Además, una de las acusadas será excarcelada.

La medida fue dictada por el juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, y recayó sobre los imputados Maximiliano Ezequiel Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas, Matías Ezequiel Gil, Luis Alberto Contreras, Horacio Mariano Córdoba y Fernando Gastón Martín Carrizo, todos ellos acusados del delito de "homicidio cuádruplemente agravado por el empleo de arma de fuego, por concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía, por placer y codicia".

En el fallo de 58 páginas, el magistrado consideró que, a esta altura del litigio, "no impera duda respecto de la relación reinante entre la totalidad de los sujetos intervinientes en el infame homicidio".

A su vez, Monelos sostuvo que "existía una empresa criminal previa" entre Pilepich, Vargas, Gil, Contreras, Córdoba y Carrizo, donde "cada uno formaba parte de un eslabón más en el plan urdido que tuvo por propósito ultimar Pérez Algaba para cesar con sus reclamos dinerarios, acreencias e intimidaciones".

Al respecto, el juez atribuyó a Vargas y Pilepich un rol preponderante en su accionar dentro del grupo, aunque destacó que las conductas de los seis estuvieron "dolosamente dirigidas, a cooperar activamente en deshacerse del cuerpo y los rastros del homicidio, aportando para ello tecnología, asesoramiento, experticia, apoyo, logística, mano de obra, movilidad e incluso el marco territorial".

Entre las pruebas valoradas, Monelos contempló fundamentalmente los registros de cámaras de seguridad, el impacto en las antenas de los llamados telefónicos de los implicados y las comunicaciones por mensajes de texto entre los sospechosos y la víctima.

Además, el magistrado recordó los antecedentes de Maximiliano Pilepich y Luis Alberto Contreras, ambos coimputados con una misma causa por el "delito de robo y hurto de un automotor" en el 2004.

A partir de la información recolectada, Monelos dispuso que los seis deberán continuar en prisión, ante la sospecha de que "tratarán de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación", sumado al "posible monto de pena en expectativa".