Qué se espera de la COP3 Escazú, en las puertas de una nueva conferencia regional

Entre el lunes 22 y el miércoles 24 de abril, Santiago de Chile será sede de la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, en lo que promete ser un hito histórico para la agenda ambiental del continente. 

Según datos de ONU, Latinoamérica es la región más peligrosa para ser activista ambiental y una de las más afectadas por la crisis climática: casi el 70 por ciento de los asesinatos de defensores del ambiente suceden en América Latina. A eso que se suma un gran número de amenazas, episodios de violencia e intimidaciones hacia quienes buscan proteger el territorio y los recursos naturales. 

Además, si bien la región solo es responsable del nueve por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono, es uno de los sectores más vulnerables y afectados por daños y pérdidas ante los efectos de la crisis climática.

Entre los temas que se espera que se avance se destacan los planes nacionales de implementación, los informes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, y el Plan de Acción Regional sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, además de la efectiva implementación del Acuerdo. 

Respecto a este último, su aprobación es clave para fortalecer la protección de quienes están involucrados en la defensa del ambiente. Se trata de un mecanismo para promover la transparencia desde el Estado y la participación ciudadana en decisiones ambientales. 

Cabe destacar que Argentina fue anfitriona de la COP2 de Escazú, donde adelantó detalles de su Plan Nacional de Implementación. Sin embargo, aún no hubo confirmación oficial de las autoridades que formarán parte del comité en esta ocasión. 

En este escenario, sumado a la reducción de la jerarquía de la cartera nacional de Ministerio a Subsecretaría, es una incógnita el papel que tendrá Argentina en la conferencia y se pone en duda el compromiso de los principios que promueve el Acuerdo de Escazú, que plantea la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas defensoras puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. 

Reconocido a nivel global como un tratado inédito que consolida la democracia ambiental, el Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica y vigente desde abril de 2021, solo fue ratificado por 15 Estados de los 24 países de América Latina y el Caribe que lo firmaron originalmente, de un total de 33 en la región.