Jardines comunitarios piden la plena aplicación de la ley aprobada en 2014

Los jardines comunitarios surgieron en diferentes barrios del Partido hace más de 25 años. Desde un primer momento, mediante diversas prácticas pedagógicas, adecuadas al contexto social, cultural y regional correspondiente, trabajadores de la educación y comunitarias buscaron brindarles un espacio de educación, siempre en un clima de contención y calidez.

En general, la proliferación de estos espacios está vinculado a la falta de respuestas del Estado. Es así que, por ejemplo, durante los noventas, los jardines comunitarios se multiplicaron. En la actualidad, decenas de niñas y niños de diversas localidades asisten a diario a estos lugares.

Teniendo en cuenta la importancia de estos sectores, diferentes referentes de jardines comunitarios comenzaron una lucha incansable para conseguir ser reconocidos. Tal es así, que en el año 2014 lo lograron. La promulgación de la ley 14.28 incorporó a los jardines comunitarios al ámbito de la enseñanza formal. Pero no todo fue como esperaban, la norma no se aplicó en su totalidad y hoy, continúan reclamando su plena aplicación para poder contar con la subvención del Estado, entre otras cosas.

“Los jardines comunitarios responden a una necesidad social por eso es muy importante que se normalice la situación”, planteó, a El1 Digital, Susana Rodríguez, Técnica en Minoridad y coordinadora del jardín Pelota de Trapo de Villa Scasso, González Catán

Además, la educadora comunitaria y coordinadora del jardín Manitos en Acuarela, localizado en Gregorio de Laferrere, Elizabeth Almaraz, explicó que “en el partido de La Matanza hay un promedio de 260 jardines comunitarios en los que alimentamos, contenemos y brindamos ayuda a niños y niñas”. En esta línea, la plena aplicación de la ley cambiaría sustancialmente la realidad de las entidades.

“Si se llevara a cabo, las docentes, por ejemplo, cobrarían en blanco. Esto equivale a decir que tendrían obra social y realizarían aportes correspondientes” expresó Alejandra Ortiz, del Jardín Acuarela, ubicado en la misma localidad que la anterior.

Los educadores comunitarios sostienen que la cuota social los ayuda a paliar algunos gastos como los vinculados a salarios, materiales pedagógicos, alimentos o aquellos que se desprenden de las obras de infraestructura que se realizan (siempre que sean menores).

“Después de tantos años de lucha, trabajo y esfuerzo, nuestra mayor alegría sería poder llegar a contar con la norma y que nuestro trabajo sea reconocido por las autoridades y por el Estado como corresponde”, concluyó Ortiz.

Ley estancada

La diputada por el Frente para la Victoria (FpV) Alicia Sánchez, una de las promotoras de la ley 14.628, explicó que los motivos de la demora de la plena aplicación de la norma de deben a que “muchos de estos lugares tienen que completar trabajos de infraestructura”. Es ahí donde se genera uno de los principales inconvenientes. “Es entendible que protesten, porque no es fácil concretar cada tarea sin recursos”, subrayó.

Petitorio a la vista

Días atrás, referentes de distintos jardines comunitarios del Distrito comenzaron a circular un escrito con el objetivo de visibilizar y difundir la problemática. “Por la no implementación de la reglamentación de la ley, corren el riego más de 25.000 niños de quedar afuera del sistema educativo formal y con ello, trae configurado la violación y vulneración de los derechos de l0s menores”, reza el documento. Por ello, instan al Estado a que solucione de manera inmediata el reclamo.