Confirmaron las sentencias a policías por secuestros extorsivos realizados en un destacamento de La Matanza

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las sentencias para cinco policías del Destacamento José Ingenieros, de la localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza, y un comerciante por su participación en una banda que cometió dos secuestros extorsivos agravados y otros delitos.

La resolución fue acordada por los jueces Carlos Alberto Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky quienes revisaron el fallo dictado en marzo de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín y lo ratificaron.

En ese marco, Casación confirmó la condena del exsubcomisario Héctor Ricardo García, que al momento de los hechos era el jefe del Destacamento José Ingenieros, a quien se le impuso la pena de 15 años de prisión, inhabilitación especial para desempeñarse como miembro de fuerzas policiales o de seguridad por el término de diez años al ser hallado coautor de “secuestros extorsivos agravados, en concurso con robos agravados y con el delito de falsedad ideológica cometida por funcionario público”.

De acuerdo a lo informado, la misma resolución dejó firmes las penas para el exoficial subayudante, Alán Juan José Vallejos, de 13 años y seis meses de prisión, y para el exoficial inspector, Matías Ezequiel Castillo, de doce años y ocho meses de prisión. Ambos también inhabilitados por diez años para integrar fuerzas de seguridad.

Por su parte, se ratificó la sentencia para la exsargento de la policía bonaerense María Teresa Schinocca, considerada partícipe secundaria de uno de los hechos investigados. Asimismo, el tribunal confirmó la condena a Ramón Eduardo Medina, comerciante y único civil entre los integrantes de la banda, a quien se le impuso una pena única de 15 años de prisión.

En el juicio de 2024, hubo un sexto condenado por el tribunal. Se trata del exteniente, Daniel Alfredo Inverardi, expolicía del mismo destacamento, quien recibió una sentencia de 14 años y ocho meses de prisión, pero la pena había quedado firme con anterioridad debido a que su defensa no recurrió a Casación.

El argumento de Casación

Los jueces concluyeron en la resolución que no se verificaron arbitrariedades en la valoración de la prueba ni violaciones al derecho de defensa. De acuerdo a lo comunicado, el juez Gemignani se expidió respecto de la calificación legal aplicada a los imputados con funciones policiales.

En su criterio, los funcionarios no solo participaron en los hechos investigados, sino que, al hacerlo, traicionaron su deber institucional de proteger la libertad y la integridad física de los ciudadanos, convirtiendo a la propia estructura policial en un instrumento delictivo.

En el fallo, los magistrados rechazaron los distintos planteos de nulidad formulados por las defensas, entre ellos los vinculados a allanamientos, reconocimientos fotográficos, peritajes telefónicos, incorporación de prueba por lectura y supuestas irregularidades en la investigación.  Asimismo, confirmaron las calificaciones legales fijadas por el tribunal de juicio,

Los secuestros de la banda

El primer hecho ocurrió entre el 28 de septiembre y la madrugada del 29 de septiembre de 2020 y tuvo como víctimas a cuatro hombres, que fueron privados ilegítimamente de su libertad con el objetivo de obtener un rescate.

Las víctimas fueron golpeadas y trasladadas al Destacamento José Ingenieros de Ciudad Evita donde permanecieron cautivas durante varias horas. Allí, los captores exigieron a sus familiares el pago de 300 mil pesos a cambio de su liberación y de no “armarles causas”.

El rescate fue abonado durante la madrugada en las inmediaciones del Hospital Balestrini y las personas recuperaron la libertad. En el marco de este episodio, los condenados también sustrajeron pertenencias personales de algunas de las víctimas.

El segundo secuestro extorsivo se produjo el 13 de octubre de 2020 y se extendió hasta la madrugada. En este caso, otros cuatro hombres fueron privados de su libertad luego de haber sido convocados, mediante el mismo ardid de cometer un robo, a un encuentro en la vía pública, también en Ciudad Evita.

Al arribar al lugar, fueron interceptadas por un móvil policial y varios vehículos particulares. Dos de ellos intentaron huir, lo que dio lugar a una persecución. Finalmente, las cuatro víctimas fueron reducidas, golpeadas y trasladadas al mismo destacamento policial, donde fueron separadas en grupos de a dos, alojados en distintas dependencias.

Durante el cautiverio, los secuestradores exigieron el pago de 300 dólares, que fue negociado con un familiar de una de las personas damnificadas. La entrega del rescate se pactó en el barrio porteño de Constitución, pero se frustró cuando el familiar exigió ver a su hermano antes de entregar el dinero.

Antes de ser liberadas, las víctimas fueron obligadas a firmar documentación cuyo contenido desconocían, fueron fotografiadas y amenazadas para que no denunciaran lo ocurrido. Con esto, los policías armaron una causa por “Resistencia a la autoridad” ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de Gregorio de Laferrere. En este hecho, también se registró la sustracción de diversos bienes de valor.