Inocencia Fiscal II: tras cambios al proyecto, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría
La Libertad Avanza reunió las firmas al incorporar un artículo que excluye a los funcionarios públicos del régimen de beneficios.
Finalmente, el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II consiguió dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados luego de que el oficialismo cediera ante las exigencias de los bloques aliados y aceptara modificar uno de los puntos centrales de la iniciativa. El cambio establece que los funcionarios públicos quedarán excluidos de los beneficios y las presunciones contempladas por el régimen. La restricción también alcanzará a quienes los hayan ejercido cargos durante los cinco años previos a su adhesión.
Lo cierto es que la incorporación busca delimitar con precisión quiénes no podrán acceder al esquema. Entre ellos se encuentran funcionarios que tengan una jerarquía igual o superior a secretario de Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal, además de autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. La exclusión, además, contempla a legisladores nacionales, provinciales y porteños, concejales, parlamentarios del Mercosur, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, defensores del Pueblo y sus adjuntos, integrantes del Consejo de la Magistratura y miembros de los Jurados de Enjuiciamiento.
Con esta modificación, el oficialismo logró reunir 44 firmas, con el acompañamiento del PRO, la UCR y otros espacios aliados. Cabe mencionar que el proyecto que plantea cambios sobre la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, las normas vinculadas con la prescripción tributaria y el régimen sancionatorio podría llegar al recinto durante la última semana de agosto.
Debate en comisión
En ese sentido, durante el tratamiento en comisión, expusieron distintos especialistas y representantes de entidades profesionales que expusieron sobre los alcances de la propuesta. Entre ellos, estuvo el presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), José Ignacio Simonella, quien consideró que “el proyecto, desde un punto de vista tributario y económico, complementa y mejora la ley vigente de Inocencia Fiscal y da respuesta a muchos de los puntos que, como profesión, debían aclararse para permitir el seguro asesoramiento profesional y la toma de decisiones por parte de los contribuyentes”.
En esa línea, Simonella destacó que el proyecto “fomenta la formalización de los ahorros que están atesorados y fuera del sistema, que al estar fuera del sistema son improductivos para los tenedores, pero también para la economía en su conjunto”. “Es importante destacar también que, si bien fomenta la formalización, no se está tratando de un blanqueo. No tiene las particularidades ni los alcances de un blanqueo”, aclaró.
