Causa “Templo Filadelfia”: pidieron penas de hasta 24 años de prisión para 27 acusados

El fiscal general Alberto Gentili solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 2 de San Martín penas de entre tres años y nueve meses y hasta 24 años de prisión para 27 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a la trata de personas, reducción a la servidumbre y abuso sexual agravado en perjuicio de una decena de víctimas.

La sede central de la organización delictiva estaba ubicada en la calle Centenera 3.715, en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, y contaba con anexos en diferentes ciudades del territorio nacional. Además, había logrado instalarse en países limítrofes como Paraguay y Brasil.

Según informaron fuentes judiciales, los hechos ocurrieron desde 1972 hasta el 1 de diciembre de 2020 y los involucrados están acusados de los delitos de asociación ilícita en concurso real con reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravado, en calidad de coautores en perjuicio de, al menos, 25 víctimas en situación de vulnerabilidad.

Durante su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el caso reúne manifestaciones de “criminalidad organizada, violencia contra la mujer y formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes”. Además, remarcó la necesidad de valorar la prueba teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de las víctimas y las asimetrías de poder existentes.

Asociación ilícita, servidumbre y trata

El fiscal acusó a todos los imputados del delito de asociación ilícita. Asimismo, atribuyó a 25 de ellos los delitos de servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada en concurso real, en 18 casos en calidad de coautores y en siete como partícipes necesarios.

Además, el magistrado solicitó el decomiso de 48 inmuebles ubicados en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro, y de 16 vehículos que, según sostuvo, “se usaron para la comisión de los delitos o que son producto” de ellos.

Finalmente, pidió que el monto de la reparación para las víctimas de este caso sea fijado por el TOF sobre la base del dictamen elaborado por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb), junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Esos organismos de la Procuración General de la Nación colaboraron en la instrucción de la causa, que estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Morón, Sebastián Basso, y que también contó con la participación de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic), según informó el Ministerio Público en su portal web www.fiscales.gob.ar.

El juicio comenzó el 23 de octubre de 2024 ante el tribunal integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni y Walter Venditti y la jueza Claudia Morgese. A lo largo de las audiencias declararon más de 200 testigos. El debate se reanudará el próximo lunes con el alegato de una de las defensas.

Penas solicitadas por el fiscal

De acuerdo a lo precisado por Fiscales.gob.ar, Gentili pidió que la presunta líder de la organización, Eva Petrona Pereyra, sea condenada a 24 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, reducción a la servidumbre, trata de personas con fines de explotación laboral agravada, abuso sexual contra cuatro víctimas -dos de ellas menores de edad al momento de los hechos-, supresión de identidad de un menor, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público, todos ellos en concurso real.

Para Rigoberto Ismael Mora Bogado requirió una pena de 21 años de prisión por los mismos delitos, con excepción de los abusos sexuales. Asimismo, pidió 18 años de cárcel para Carlos Raúl Barrionuevo, Griselda Lemos, Norma Valdez, Mónica Gutiérrez, Norma Gutiérrez, Guillermo Alza, María Luisa Alza y Martín Cáceres.

Además, solicitó una pena de 15 años de prisión para Ruth Mora Bogado, de 14 años para Katherine Alegre Herrera, Carina Torres, Silvia Torres, Juan Pablo Mora Bogado, Ramón Carranza y Claudio Álvarez, de diez años y nueve meses para Osvaldo Gutiérrez, de ocho años para Fabio Bernabé Aguirre y Claudio Aguirre, de seis años y nueve meses para Carlos Matías Barrionuevo, de cinco años y nueve meses para Olga Carranza y Liliana Barrionuevo, y de cinco años para Pablo Carranza y Claudia Acosta.

En los casos de Víctor Ayunta y Damaris Sabich, requirió las penas más bajas: cuatro años y seis meses de prisión para el primero y tres años y nueve meses para la segunda. Ello obedece a que el fiscal solicitó su absolución respecto de los delitos de trata de personas agravada y reducción a la servidumbre por los que también habían llegado a juicio.