Caso Diego Roda: murió Fernando Grané, el expolicía hallado culpable del homicidio del comerciante
Según informaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, el expolicía se encontraba internado en el Hospital San Juan de Dios de La Plata por un cuadro de tuberculosis que se había agravado.
El expolicía, Fernando Grané, hallado culpable del homicidio del comerciante, Diego Roda, murió luego de permanecer internado en el Hospital San Juan de Dios de La Plata por un cuadro de tuberculosis que se había agravado.
Según informaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, durante la internación sufrió una descompensación general y falleció. Con su muerte, se extingue la acción penal en su contra y ya no podrá recibir la pena que correspondía por los delitos por los que había sido declarado culpable.
El proceso judicial en el que determinaron su veredicto de culpabilidad por la muerte de Diego Rodas consumada el 12 de septiembre de 2016 en Ituzaingó se realizó el pasado 16 de julio. Allí, el tribunal popular consideró probado que el expolicía disparó contra el vehículo en el que se trasladaba Roda junto a Virginia Tueso y el bebé de ambos.
El crimen de Roda
La Policía atribuyó la muerte de Diego Roda a tres ladrones que escapaban tras el robo de una camioneta en Caseros y que, según la versión oficial, intentaron robarle el vehículo durante su fuga. Sin embargo, se trataba de una puesta en escena: los policías acusaron a dos jóvenes y fingieron un enfrentamiento que no existió. Para eso, contaron con la complicidad de dos testigos y otros seis policías.
En 2019, una pericia balística comprobó que la bala que mató a Roda provenía del arma de Aníbal Fernando Grané, que junto a su compañero Gerardo Gabriel San Miguel protagonizaba la seguidilla policial.
Esta evidencia permitió develar la trama de encubrimiento policial que había desviado la investigación durante años. Seis agentes terminaron frente a la Justicia acusados de encubrimiento.
En el caso del agente Gerardo San Miguel, fue condenado a seis años de cárcel (le restarían cumplir dos, por lo que pronto podrá acceder a beneficios de libertad anticipada) y doce de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
El resto de los acusados recibieron penas menores -sin prisión efectiva- por obstruir la investigación, bajo los delitos de falso testimonio y falsedad ideológica.
