San Justo: conferencia e intervención en defensa del “último pulmón verde” de Gregorio de Laferrere

Ciudadanos autoconvocados de la agrupación Vecinos por la Reserva Natural de Laferrere, junto con Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y miembros del Colectivo Autónomo de Derechos Humanos del Oeste (CADHO), visibilizaron la lucha por oficializar el predio como reserva natural.

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Desde hace seis años, los autoconvocados de la agrupación Vecinos por la Reserva Natural de Laferrere luchan por visibilizar la situación y declarar oficialmente como reserva natural al predio del ex Aeroclub de Gregorio de Laferrere, ubicado a la altura del km. 25,500 de la Ruta Nacional N° 3, considerado como “el último pulmón verde” de esta localidad matancera. Para lograrlo, realizaron este martes una conferencia de prensa y una jornada de intervención en defensa del espacio en la Plaza General San Martín de San Justo, frente a la Municipalidad.

En diciembre pasado, con la aprobación previa del HCD, las autoridades nacionales lanzaron oficialmente las licitaciones para avanzar con las obras de infraestructura para un desarrollo urbanístico de viviendas en el predio, compuesto por 83 hectáreas. En este contexto, los vecinos, además de oponerse a las construcciones, también denunciaron como un “basural a cielo abierto” de materiales de construcción de las obras privadas crece a diario en el espacio verde.

“Estamos transitando los inicios de un colapso ambiental. Se mueren 9.000.000 de personas en el mundo por causas ambientales, y esto tiene un responsable: el modo de producción del sistema capitalista. Lo tenemos que combatir y, por suerte, hay resistencias que se multiplican”, aseguró Jorge Serrano, integrante de la agrupación Vecinos por la Reserva Natural de Laferrere, durante la conferencia desarrollada esta mañana que, también, contó con la participación de Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Asimismo, sostuvo que “hacer ambiente también es hacer política” y, desde el colectivo vecinal, buscan “reivindicar lo político” ya que “es esencial para la transformación”. “Para nuestra construcción colectiva que ya lleva seis años, nos parece importante la independencia en las acciones, que entre grupos de vecinos podamos decidir cuál es nuestro camino, al igual que la autogestión”, agregó. Durante el encuentro, también, tuvo lugar una intervención artística.

El derecho a la naturaleza

Nadia Morales, integrante del colectivo, lo definió como “una construcción vecinal autónoma, autogestiva y apartidaria”, donde cada uno de los miembros se reconoce como “agente de transformación”. “Para conservar el espacio verde, es importante la persistencia y entender que no hace falta tener una bandera política, sino un objetivo claro: la reserva es un bien común para todos”, expresó.

Según Morales, el predio, que garantiza el derecho al esparcimiento, al juego y al ambiente sano, representa el 81 por ciento del espacio verde de Gregorio de Laferrere. “Muchas veces quedan rezagados, pero no dejan de ser derechos inalienables del hombre, contemplados en el Artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que señala que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano”, ponderó.

Si bien la legalización del predio como reserva a través de la aprobación del proyecto que el colectivo presentó en el Concejo Deliberante aun no ha sido posible, Morales aseguró que “es una reserva natural declarada de hecho por los vecinos”. “Ellos transitan, cuidan y disfrutan del espacio, y eso hace que sea una reserva en el medio de un montón de asfalto en el segundo cordón del Conurbano”, enfatizó.

Causa judicial

El camino hacia la oficialización del predio como reserva comenzó el 11 de septiembre de 2019, fecha en que los vecinos autoconvocados presentaron oficialmente un proyecto con este fin. Actualmente, Cristian Blanco, abogado e integrante del Colectivo Autónomo de Derechos Humanos del Oeste (CADHO), informó en diálogo con El1 Digital que iniciaron una acción de amparo con una medida cautelar para “proteger el espacio” y que no se realicen construcciones en las 83 hectáreas que lo componen.

“La acción de amparo busca garantizar el derecho al acceso a un medio ambiente sano y la medida cautelar tiene como objetivo garantizar la preservación del espacio, porque se ha llamado a una licitación pública sin la realización de ningún estudio de impacto ambiental”, explicó. Para concluir, alertó que las construcciones “generarían hacinamiento e inundaciones”. “Cuando se comienza este tipo de obras en un espacio ambiental resulta difícil volver atrás”.

Y cerró: "Denunciamos al Municipio, a ACUMAR, al Banco Hipotecario, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), PROCREAR y al Ministerio de Ambiente provincial porque todos tienen una cuota de responsabilidad en lo que es la preservación de ese espacio”.