Piden que se penalice a conductores que corren "picadas"
"Salvar vidas y evitar que otras personas estén en nuestro lugar”, la finalidad del proyecto que es promovido por Madres del Dolor y la madre de Tahiel, el niño que murió atropellado tras una picada en Gregorio de Laferrere.
La Asociación Civil Madres del Dolor, y la madre de Tahiel Contreras, el niño que murió atropellado tras una picada en Gregorio de Laferrere, pidieron en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados que se avance en un proyecto para modificar el Código Penal y penalizar la conducción imprudente de vehículos, en particular para imponer penas específicas en el caso de carreras ilegales conocidas como "picadas".
Al abrir la reunión, María Luján Rey (PRO), presidenta de la comisión de Legislación Penal, marcó: “Se ha trabajado muchísimo en la unificación de dos proyectos y en esta comisión teníamos que saldar la deuda y cumplir con el objetivo de las familias que vienen promoviendo e impulsando esta ley”.
En este sentido, la representante del colectivo Madres del Dolor e integrante del Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados, Viviam Perrone, expresó que “con estos proyectos queremos salvar vidas y evitar que otras personas estén en nuestro lugar”.
“Las muertes viales son una muerte por goteo. Todos los días mueren entre 15 y 20 personas, son todos hechos evitables y prevenibles, entre 15 y 20 familias quedan destruidas en la Argentina”, alarmó.
En este contexto, Perrone agregó que "estamos hablando de personas que piensan con anterioridad que van a correr una carrera ilegal, saben que es ilegal. Es toda una planificación y corren en la Panamericana, en los accesos y saben perfectamente que le pueden quitar la vida a alguien, sin embargo, no les importa el resultado de esa decisión que toman ellos”.
Tahiel, un símbolo de lucha
A su vez, Noelia Díaz Contreras, madre del pequeño Tahiel que murió atropellado en una picada en Gregorio de Laferrere, señaló que “los responsables están detenidos, estamos esperando la fecha de juicio”, y recordó que "se van a cumplir dos años y vamos a hacer educación, concientización vial hacia los chicos transformando el dolor en aprendizaje”.
“Es importante que el Congreso se aboque a la fijación de penas para que los jueces no puedan escaparse por los vericuetos de la ley”, manifestó al tiempo que sumó: "No nos sirve a nosotros esta ley ya, pero sí a los casos que siguen pasando; necesitamos que avance la ley ya que le va a servir a las víctimas para que no quede todo en la nada”.
Aumentar penas para disuadir delitos
En tanto, Natalio Nicodemo, abogado de las víctimas, explicó por qué en la práctica serían importantes estas reformas ya que si se aumentan "las penas podría ser disuasivo en este tipo de delito. En Tribunales vamos a juicio oral y quizás el asesino se va con una pena en suspenso sabiendo que podía matar, que terminó matando, y muchas veces se va a la casa, esto es lo que pasa con las víctimas”.
“Estamos impulsando que se vote un capítulo especial en relación al delito vial, y es importante la proporcionalidad de penas que tiene el proyecto. Vemos un cambio de paradigma en cuanto a la víctima para que sea escuchada”, agregó.
Entre los proyectos que buscan penalizar las carreras ilegales se encuentra una iniciativa de la diputada del PRO María Luján Rey, que establece que "será reprimido con prisión de nueve meses a cuatro años e inhabilitación especial para conducir por el triple del tiempo de la condena, el conductor que participare en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente".
A través del texto, se establece que "la misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare dicha conducta, y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo con motor de su propiedad o confiado a su custodia, con conocimiento que será utilizado para ese fin".
Asimismo, la iniciativa precisa que "si las conductas descritas fueran llevadas a cabo en una zona urbana, serán reprimidas con prisión de dos a cinco años, e inhabilitación especial para conducir por el triple del tiempo de la condena".
“En el caso de que resultaren víctimas fatales, la pena será de prisión de ocho a 25 años, e inhabilitación especial vitalicia para conducir cualquier tipo de automotor", según establece la iniciativa.
