Cómo se determina una libertad condicional

El doctor Claudio D. Raciti, Titular del Juzgado de Ejecución Penal n° 1 Local, explicó en Radio Universidad la función del Juzgado de Ejecución Penal y su rol en los dictámenes de beneficios liberatorios a los imputados por un delito.

Por el doctor Claudio D. Raciti*

El Juzgado de Ejecución Penal es el que se encarga de cumplir todo el andamiaje posterior una vez que la sentencia queda firme. Es un proceso que pasa por distintos estamentos y, cuando llega la firmeza de la sentencia sin ningún otro recurso posible, el juez de ejecución penal se encarga de vigilar y controlar el tránsito del detenido a través de los distintos regímenes o beneficios liberatorios que la Ley de Ejecución Penal establece.

Las defensas son las que interponen pedidos como la libertad condicional y, una vez que llega al juzgado, se piden los informes a la unidad carcelaria en que se encuentra el detenido, analizando las distintas áreas como educación, trabajo, disciplina y visitas para el dictamen de la sentencia.

Existe también una Ley de Víctimas que permite a quienes fueron afectados por un crimen, o a sus familiares, tener una incidencia directa no vinculante en la sentencia y ser escuchados antes de resolver cualquier tipo de beneficio. Así, si el juzgado decide otorgar ese beneficio, se hace un seguimiento a través de informes expeditados por el organismo auxiliar, llamado Patronato de Liberados.

Para poder reinsertarse en la sociedad luego de recibir un beneficio de libertad, existen monitoreos simples o GPS, dependiendo de cada caso, y acompañado de un control sobre los movimientos de la persona. Como todo sucede entre el tiempo de libertad y el vencimiento de la pena, existen muchas consecuencias si el imputado rompe las reglas.

En estos casos, por ejemplo, el delito que cometiese podría sumarse al resto de la pena incumplida o el imputado podría pasar a ser reincidente, lo cual le impediría podría gozar de libertad condicional y solo tendría el beneficio de la libertad asistida, que es seis meses antes del vencimiento de la pena. No seguir las reglas que exige la Ley implica consecuencias varias y gravosas.

En este momento, en la provincia de Buenos Aires hay 53.000 internos sobre una capacidad de 28.000. Lógicamente, esto genera una sobrepoblación que impide la posibilidad de conseguir trabajo o estudios con herramientas proporcionadas por el servicio carcelario. Estos espacios funcionan para la resocialización, lo que puede volverse complicado al no gozar de estas y otras herramientas que engloban a todo el servicio penal y penitenciario.

*Titular del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial de La Matanza