En 2021, en Argentina hubo una víctima de violencia de género cada 29 horas

La cifra surge de un relevamiento anual difundido por la Casa del Encuentro. En La Matanza, se contabilizaron nueve de estos crímenes. A cuatro años de su fundación, Familiares Atravesados por el Femicidio hizo un repaso de sus reclamos.

El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro, difundió que mediante un relevamiento registraron que durante 2021 se produjeron 295 femicidios y diez trans/travesticidios. Además, se informó que se perpetraron 21 femicidios vinculados de varones. A su vez, se indicó que, en el país, en promedio hubo una víctima de violencia machista cada 29 horas.

Del informe también surge que el 58 por ciento de los 336 hijos e hijas que perdieron a sus madres son menores de edad, considerados “víctimas colaterales”. Y, de acuerdo a la información adicional comunicada, 36 mujeres habían realizado una denuncia, 20 femicidas tenían dictada una medida de fuerza de seguridad y, entre las víctimas, tres eran de pueblos originarios y doce eran migrantes.

Del análisis de la organización Casa del Encuentro se desprende que no es posible determinar dónde se presenta la falla en la red de protección porque “la violencia de género es multicausal” y “está ligada a las diferentes situaciones en las que se encuentran quienes la atraviesan, y por eso su abordaje debe ser integral, multidisciplinario y federal”. En ese sentido, sostienen que “es imperioso que el Poder Legislativo mejore y actualice las leyes existentes, que atiendan a la situación de excepción que se perpetúa en todo el país”.

En cuanto al funcionamiento del Poder Judicial, considera que debe “atender y proteger a quienes se acercan a denunciar, y ocuparse de dar seguimiento a las medidas de protección que aplica para asegurar su correcta implementación o la necesidad de una revisión de las mismas en casos de incumplimientos que pongan en riesgo a la mujer”.

En lo que respecta al Poder Ejecutivo, se le demanda que “ejecute las políticas públicas que plantea en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, así como toda nueva que surja de las mesas de trabajo interministeriales, ponderando las situaciones de vulnerabilidad económica, laboral y habitacional que constituyen los principales obstáculos para garantizar que una mujer o persona trans pueda salir de la situación de violencia en que se encuentra inmersa”. “El Estado debe garantizar la efectiva implementación de políticas públicas contra la violencia de género, profundizar las campañas de prevención y hacer efectivos los programas anunciados de acompañamiento para mujeres y trans/travesti”, reclamaron.

Por otra parte, insisten en “la plena capacitación a efectores del Estado, haciendo especial hincapié en el Poder Judicial y fuerzas de seguridad para que el abordaje ante una denuncia por violencia sexista tenga un accionar con perspectiva de género con una correcta evaluación de riesgo”. “Por esto reclamamos la implementación a nivel nacional la Ley Micaela (‎Ley 27.499de 2019) y la posterior evaluación de la misma”, sumaron en referencia a la normativa que dispone la capacitación obligatoria en todos los poderes del Estado nacional en temáticas de género.

Los casos de La Matanza

En el Partido, en los últimos doce meses se cometieron nueve femicidios, según reveló Marcela Morera, madre de Julieta Mena, quien fue asesinada por su novio en 2015, y una de las fundadoras de la ONG Atravesados por el Femicidio que, a la vez, participa de la Mesa Ley Brisa del Distrito, a El1 Digital.

El último hecho que conmocionó a nivel local fue el de Sandra Borda, de 46 años, ocurrido el 30 de diciembre pasado, y por el cual su familia se manifestó frente a la sede de la fiscalía interviente en reclamo de justicia. La mujer fue asesinada delante de su hijo por su expareja, cuando la interceptó mientras circulaba por la vía pública en las inmediaciones de la avenida Carlos Casares y la calle Bartolomé de las Casas, de la localidad de Isidro Casanova.

25N: Marcela Morera junto a las familias matanceras de víctimas de femicidios

Un nuevo aniversario de Atravesados por el Femicidio

El miércoles 12 de enero, la entidad que integra Morera cumplió cuatro años desde su creación. “Somos un grupo de familias que, ante la falta de respuestas del Estado, cansados de formar parte de una mesa en la cual solo servíamos para la foto, donde reclamábamos y no se nos escuchaba, queríamos trabajar y no éramos tenidos en cuenta, dijimos basta de esta situación y decidimos arrancar a hacer lo que necesitábamos”, definió a Familiares Atravesados por el Femicidio.

Según relató, en principio estaba conformada por ocho familiares de los casi 180 de la actualidad, que a través de congregarse con un fin común pudieron brindarse “contención, la escucha al compañero que ya tuvo justicia pero que hace años está con esta pena en el corazón y no sabe cómo seguir, o a ese otro que todavía sigue peleando por conseguirla y orientando a qué puerta queda por ir a golpear”.

También, como parte de esas acciones, Morera resaltó que la agrupación estuvo “acompañando en varios juicios en forma virtual” durante la pandemia. Al respecto, advirtió que “quedaron muchos” procesos pendientes y manifestó su preocupación porque “se están dilatando y les han pasado las fechas para 2022, 2023 y 2024”. “Nos asusta este retraso”, dijo.

A modo de balance, transcurridos cuatro años del trabajo social de la asociación, la referente sentenció que “falta mucho por hacer”. “El Estado tiene que seguir involucrándose cada vez más; necesitamos una orientación en género cada vez más fuerte, porque, lamentablemente, todavía nos encontramos con mucho machismo dentro de todo el sistema; necesitamos una sociedad que se involucre más y no mire para otro lado, que escuche y que entienda de qué se trata la violencia de género, que no es una elección de la mujer que prefiere quedarse con un violento por comodidad, sino que lo hace porque no le queda otra o no sabe cómo salir de esa situación”, repasó. Asimismo, reclamó un “Estado que pueda ayudar a esas mujeres (a poder dejar esos vínculos de violencia) con medidas firmes, que sirvan, y que realmente den una respuesta”