Como en CABA: presentan un proyecto para eliminar el uso del lenguaje inclusivo

La iniciativa, impulsada en el orden provincial, generó la reacción de los consejeros escolares matanceros.

Tras la decisión del Gobierno de la Ciudad de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en todos los niveles de las escuelas públicas y privadas, diputados bonaerenses presentaron un proyecto de ley para replicar la medida en las escuelas del territorio de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de los legisladores Matías Ranzini (Juntos por el Cambio) y Constanza Moragues Santos y Guillermo Castello (Avanza Libertad), quienes impulsaron la iniciativa que propone "garantizar la utilización del idioma español” en las comunicaciones estatales y en el ámbito escolar.

Los artículos del proyecto, presentado el viernes pasado, se nutrieron con lo dispuesto por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y plantean que se deben utilizar las normas de la Real Academia Española para que “los alumnos aprendan y ejerciten el uso del lenguaje, sin deformación alguna que conspire contra el correcto desarrollo de las habilidades de lectura y escritura”.

“No se trata de prohibir algo sino de establecer como tienen que ser las comunicaciones en todos los ámbitos institucionales de la Provincia”, aseveró Ranzini en medios gráficos, al tiempo que cuestionó que “el inclusivo es un idioma ajeno a la mayoría”.

Repercusiones

En este sentido, el consejero escolar matancero de Juntos, Ricardo Yñiguez, respaldó la medida y remarcó que “las demás provincias deberían hacer lo mismo en pos de una mejor calidad educativa”. “El progresismo tiene que entender que la E y la X no incluyen y son un trabalenguas”, apuntó.

“La inclusión se genera con políticas claras y socioeducativas”, consideró Yñiguez y expresó: “Implementar el sistema braille y el lenguaje de señas es lo que nos llevará hacia una verdadera inclusión, y no una revolución para los medios”.

En tanto, la docente y consejera escolar del bloque del Frente de todos de La Matanza, Leticia Orrego, contrarrestó la iniciativa al sostener que “hablar de prohibiciones, en un estado de democracia, es terrible” y que “jamás podría estar de acuerdo con la decisión de coartar la creación y la formación del lenguaje”.