Violencia institucional: el 80 por ciento de los casos ocurre en el Conurbano

La cifra se desprende de un relevamiento realizado por el CELS. Desde el organismo, expresaron su preocupación por la falta de políticas públicas orientadas a reducir la violencia social y estatal.

Familiares y amigos de víctimas vinculadas con violencia policial no cesan en su pedido de justicia.

“Cuando lo recuerdo, se me corta la respiración y se me acelera el corazón; todo se hace muy difícil y duele un montón”, expresa, en diálogo con El1 Digital, Miriam, tía de Alejandro Espíndola, el joven de 23 años a quien, según testigos, el oficial Marcos Gallardo, que se encontraba de civil, lo confundió con un ladrón y le disparó con su arma reglamentaria provocándole la muerte.

El 6 de octubre de 2020, Alejandro fue a comprar a un kiosco cerca de su casa, en González Catán. En ese momento, a unas cuadras, sonó una alarma vecinal y dos sospechosos huyeron por los techos. Según testigos, el oficial confundió al joven con uno de los ladrones y le disparó. Espíndola permaneció durante días internado, pero no pudo resistir la gravedad de las heridas y murió. También en González Catán, Lucas Verón circulaba en una motocicleta con un amigo cuando empezó a ser perseguido por dos efectivos. Durante la seguidilla, uno de los agentes desenfundó su arma, disparó y mató al joven.

Un patrón que se repite

Desde 2016, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la organización no gubernamental que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de derechos humanos, confecciona una base de datos en la que registra y monitorea el accionar de los agentes de las fuerzas de seguridad. En diálogo con El1 Digital, Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, manifestó que el uso de armas de fuego por parte de policías de civil “es una problemática que se repite en los últimos años”, al tiempo que lamentó que, en la actualidad, no haya políticas públicas que den respuesta a estas situaciones.

Además, desde el CELS, advierten sobre “el permanente hostigamiento de los agentes de las fuerzas hacia los jóvenes en los barrios populares, hacia las poblaciones trans, inmigrantes y personas en situación de calle”.

Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS.

De acuerdo con los registros del CELS, en 2021, se relevaron 90 muertes provocadas por el accionar de las fuerzas policiales en el Gran Buenos Aires. Pese a estas cifras, señalan que, en los últimos años, se evidencia un sostenido descenso de fallecimientos de particulares por intervención de efectivos. Aunque este fenómeno no responde a políticas públicas diseñadas para tal fin.

¿Qué pasó en 1987?

El 8 de mayo, la Policía Bonaerense asesinó a Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Este hecho, conocido como “Masacre de Budge”, fue contemplado por la Ley 26.811, que instituyó este día para recordar las violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad. La ley promueve la adopción de políticas públicas, en materia de seguridad, respetuosas de los derechos humanos.

Violencia en el AMBA

80 por ciento de las muertes provocadas por efectivos de la fuerza policial corresponde al Conurbano. El 20 por ciento restante ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.