Desmantelan una red de pedofilia: hay cinco detenidos y 21 personas sospechosas
Los apresados están acusados del delito de “Tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil a menores de 14 años de edad” y “Captación de menores por medios tecnológicos”.
Una investigación de la Ayudantía Fiscal N° 2 de La Matanza, liderada por Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez, permitió desmantelar una red de pedofilia que operaba en el partido de La Matanza: los integrantes de la organización gestionaban grupos en cuentas de Instagram y X (exTwitter) para captar menores.
Según informaron fuentes judiciales, los sospechosos distribuían material de abuso sexual infantil y capturaban a menores por medios tecnológicos utilizando técnicas de grooming. De acuerdo a lo precisado, la investigación comenzó en octubre de 2023, después de que la policía Bonaerense recibiera una alerta del sistema NCMEC.
Durante las pesquisas, los uniformados realizaron 21 allanamientos en puntos ubicados en Ramos Mejía, San Justo, Virrey del Pino, Gregorio de Laferrere, Villa Luzuriaga, Ciudad Evita, Isidro Casanova y González Catán. En los allanamientos, se incautaron 27 teléfonos, diez discos rígidos y varios pendrives que contenían material prohibido.
Además, detuvieron a cinco personas y 21 están siendo investigadas por posibles vínculos con la organización. La investigación sigue en curso y se espera que se realicen más detenciones en las próximas horas.
La imputación en el caso es por el delito de “Tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil a menores de 14 años de edad” y “Captación de menores por medios tecnológicos”.
¿Qué es el NCMEC?
El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Víctimas de Explotación Sexual es una organización sin fines de lucro estadounidense que tiene acuerdos con las principales empresas de Internet para monitorear el contenido que circula en la web y detectar potenciales situaciones de pedofilia.
Una vez que llegan los reportes a Argentina, que especifica la IP a través de la cual fueron enviadas las imágenes, se verifica a qué proveedor de Internet pertenece esa IP y se comunica con él para que aporte datos.
Así las cosas, cuando el fiscal considera que tiene las pruebas suficientes, solicita el allanamiento y, eventualmente, detenciones. Además, el juez pide la protección de los menores en riesgo. Finalmente, se realizan pericias de los dispositivos tecnológicos secuestrados, lo que puede generar nuevas líneas de investigación.
