Alquileres: “La ley intentó regular un mercado que se mueve sin regulaciones”, afirman

A menos de seis meses de su implementación, la Ley de Alquileres está en el ojo de la tormenta. Porque a las voces del sector inmobiliario, que no la vio con buenos ojos desde antes de su aprobación en el Congreso, se sumaron las de funcionarios como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Sobre el tema, Radio Universidad dialogó con el extitular del Colegio de Martilleros local y empresario inmobiliario matancero, Manuel Ferreyra Cantante, que, en principio, aclaró que “lo que hay sería una ley de fondo que modificó el Código Civil, y los alquileres quedaron integrados en un capítulo del Código”.

“El mercado de alquileres no está regulado, sino que es una concertación de oferta y demanda y, cuando los alquileres son muy abultados en sus precios, la gente no los alquila”, aseguró, y añadió: “Lo que tenemos es una ley que modificó el Código Civil y Comercial en materia de alquileres y que lo único que intentó fue regular un mercado que se mueve sin regulaciones”.

No obstante, remarcó que “el problema es la inflación”. “Si no hubiera la inflación ni la incertidumbre que hay a la hora de renovar un contrato, no estaríamos discutiendo alquileres”, sostuvo, y agregó que “la gente piensa en dólares como consecuencia de la elevada inflación y el déficit del país porque, en un momento, el mercado se desenvolvió en pesos”.

En ese sentido, consideró que la norma podría resultar próspera en otro contexto, sin necesidad de tener que sufrir mayores modificaciones: “Pienso que, en un país que no tenga este exceso de inflación, un mecanismo que refleje un promedio entre los salarios y la inflación no sería malo. El problema siguen siendo la inflación y el nivel de ingresos de la gente”.

Sin embargo, y más allá de las críticas a la ley, señaló que “no es tan desastroso el panorama” en lo que respecta a desalojos: “En Gregorio de Laferrere y González Catán, que es mi zona de trabajo, no hemos tenido ninguna baja de inquilinos al momento de la renovación de los contratos, a pesar de que es, en general, un público de ingresos restringidos”.

Entre las principales críticas que se hicieron a la legislación desde el sector inmobiliario, figura que la duración de los contratos pasó a ser de tres años, en lugar de dos, con una actualización anual, en lugar de cada seis meses. Además, anticiparon que, con la nueva fórmula de ajuste, se generaba más incertidumbre que certezas, tanto para dueños como para inquilinos.