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La diputada explicó a El 1 Digital que el proyecto permitiría “utilizar recursos no previstos para abordar la problemática y adoptar políticas públicas. En el presupuesto aprobado el año pasado se destinó para el Consejo Nacional de la Mujer una cantidad de dinero que no es suficiente si queremos salir en serio de este problema”.
En muchas ocasiones, el Poder Judicial maneja tiempos muy dilatados que no son iguales a aquellos con los que cuenta una mujer maltratada para recibir una solución. Es por eso que Linares propone la creación de unidades especializadas que permitan a los jueces tomar decisiones de manera más rápida.
A su vez, destacó la importancia de la oficina de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia, que brinda capacitación en el Poder Judicial y tiene la potestad de detener al agresor dentro de las 24 horas de realizada la denuncia. “Esto está faltando en Provincia, lo cual no significa que no haya juzgados y áreas que empiecen a implementarlo”, afirmó Linares.
Para la diputada nacional, la suerte de una persona que padece la violencia de género, está atada a la formación, capacitación y sensibilización de la persona que le tome la denuncia. Esto sucede tanto en las comisarías comunes como en las de la mujer, donde las unidades especializadas pueden armar un plan de acción ante una demanda de este tipo.
La funcionaria del GEN sentenció que “en casi ningún ámbito, hay compromiso con este tema, entonces, a las denuncias no se les da la importancia necesaria. El problema es que la mujer que no recibe una respuesta, vuelve a su casa prefiriendo la violencia que recibe allí, y no la institucional. Lo más grave es que siente que a nadie le interesa lo que le pasa”.
Por último, Linares expresó que las políticas públicas y la Justicia son los dos caminos que, conjuntamente, deben colaborar para la resolución del problema. Además contó su idea de refugiar a la denunciante en un lugar del Estado y darle una asignación económica que le permita alimentar a sus hijos por un tiempo, hasta que pueda recomenzar su vida.
El proyecto tiene la firma de legisladores de varios partidos políticos. El primer objetivo es que forme parte de la agenda de la Comisión de familia, para que luego, tras el correspondiente proceso de aprobación, llegue a convertirse en ley.
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