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La familia del adolescente desaparecido en Lomas del Mirador, que según testigos fue secuestrado y asesinado por policías del destacamento del barrio, reclamó al Gobernador de la Provincia el encarcelamiento de los ocho efectivos de la policía bonaerense que estarían vinculados con la desaparición del joven.
La hermana de Arruga, Vanesa Orieta, contó a El 1 Digital que “fue una reunión que no voy a catalogar ni de positiva ni de negativa. Fue respetuosa, totalmente diferente, donde hubo un buen diálogo y nos pusimos de acuerdo en cuáles son los ejes en los que tenemos que empezar a trabajar inmediatamente.”
Asimismo, explicó que “a partir de ahora necesitamos un compromiso político del Gobernador de la Provincia para poder avanzar con la causa, para encontrar a Luciano. Pedimos también el procesamiento inmediato de los policías involucrados en la desaparición”.
El caso
Arruga fue visto por última vez la noche del 31 de enero de 2009 y, según pudo averiguar su familia, efectivos de la policía bonaerense fueron quienes, luego de detenerlo en reiteradas ocasiones, acabaron por raptarlo y matarlo a golpes. Sin embargo, la causa está catalogada como “averiguación de paradero”.
Según la familia, el caso de Luciano es un ejemplo de la situación que viven los chicos de los barrios pobres, a quienes la policía obliga a robar para su propio beneficio, garantizándoles zonas liberadas y salidas rápidas luego de ser detenidos.
Espacio para la memoria “Luciano Arruga”
En relación al conflicto causado por el cierre del espacio para la memoria “Luciano Arruga”, que funciona en el ex destacamento donde habrían matado a Arruga, su hermana declaró que buscan trabajar de manera articulada y respetuosa con el Estado y las agrupaciones de derechos humanos, como sucede en los centros clandestinos de detención recuperados.
Cabe recordar que el destacamento donde, según un testigo fue visto por última vez, cerró sus puertas y pasó a manos del grupo de Familiares y amigos, para convertirse en un lugar para la defensa de los derechos de los jovenes de los barrios pobres. Sin embargo, les cambiaron la cerradura y se quedaron afuera. Orieta aseveró que “quieren usarlo como repartición municipal”.
En la reunión de hoy participaron también el director de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Guido Carlotto, referentes de organismos de Derechos Humanos, Pablo Pimentel entre ellos, el abogado de la causa, miembros de la Comisión Provincial por la memoria y el grupo de Familiares y amigos de Luciano Arruga.
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