La Matanza deberá asumir una millonaria deuda por el traspaso de Edenor a la Provincia

En el marco de los cambios suscitados para que las distribuidoras eléctricas que operan en Capital y el Conurbano pasen a la jurisdicción de la Ciudad y la Provincia, 14 municipios deberán afrontar una deuda por suministro en asentamientos que, en los primeros cuatro meses del año, se ubicó en los 280 millones.

El traspaso de Edenor y Edesur al ámbito de las administraciones bonaerense y porteña no solo trajo aparejadas más responsabilidades para dichas jurisdicciones sino, también, más gastos. En ese marco, la Provincia dispuso un límite para sustentar el suministro eléctrico en asentamientos -no girará más dinero que el erogado en 2018 en ese concepto- y el excedente deberá ser afrontado por los municipios.

En base a ello, Edenor elevó un reclamo a las comunas por 283.573.306,77 pesos en concepto de suministro de energía eléctrica de los asentamientos bonaerenses por los primeros cuatro meses del año.

En enero, la deuda superó los 55 millones, mientras que febrero tuvo su pico, con más de 83 millones. Marzo (70M) y abril (74M) completaron la cifra, que deberá ser costeada, mayoritariamente, por La Matanza.

Es que son 14 los distritos que deberán honrar esas deudas (La Matanza, Morón, Tres de Febrero, Hurlingham, Moreno, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Tigre, San Fernando, San Miguel, San Isidro, Vicente López, San Martín y Pilar) y la comuna comandada por la vicegobernadora electa, Verónica Magario, es la más afectada, teniendo que asumir un 35 por ciento de la deuda.

Por los 120 asentamientos en los que Edenor brindó servicio eléctrico, el Ejecutivo matancero deberá desembolsar 97.440.741,40 de pesos. El segundo partido con más deuda es San Martín, con poco más de 53 millones.

El pedido de Edenor se basa en lo dispuesto en la Ley nacional 15.078, que fija que, desde 2019, el costo de la tarifa eléctrica de los asentamientos de la Provincia será asumido por la Gobernación hasta la suma que, por dicho concepto, pagó en el ejercicio 2018. Según la normativa, los montos adicionales deberán ser afrontados por los municipios en que se encuentran dichos asentamientos.

Así, la Nación deja de hacer aportes y la Provincia congela su contribución a valores de 2018. Según alertaron desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, esta medida puede generar complicaciones en las finanzas de los municipios. De hecho, la proyección hacia fin de año indica que la deuda superaría los 800 millones de pesos.