Críticas, temores y ausencias en la Audiencia Pública por el Aeropuerto El Palomar

Críticas, preocupaciones, y ausencias notorias marcaron las exposiciones de vecinos, organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, instituciones educativas, clubes y sociedades de fomento en la Audiencia Pública que se concretó el miércoles en la Biblioteca Popular Juan Manuel Giuffra, en Madariaga al 500, convocada por el Ministerio de Transporte de la Nación en cumplimiento con el fallo de la jueza federal Martina Forns que permitió a Flybondi efectuar tres vuelos diarios desde el El Palomar. Precisamente, el eje de la audiencia consistió en tratar el funcionamiento y desarrollo del aeropuerto civil de uso comercial de El Palomar, construido por iniciativa del gobierno nacional y destinado al uso de las empresas low cost, con Flybondi como primera compañía de bajo costo instalada allí. 

Tras no menos de cuatro horas de exposiciones oficiales que incluyeron a las máximas autoridades del ministerio de Transporte y organismos vinculados, de intendentes de la región, de representantes de las compañías low cost Flybondi –que insistió en pedir mayor frecuencia en sus vuelos permitidos por la justicia- y Norwegian, así como de representantes de las áreas oficiales de Turismo de algunas provincias argentinas, llegó el turno de los vecinos, ya con ausencia de los expositores oficiales.

Planteos, preocupaciones y temores

El planteo ambiental fue uno de los de mayor presencia. En este sentido, la organización ambiental Isla Verde contó con varios expositores. “Fuimos a la justicia porque pedimos seguridad jurídica”, sostuvo Guillermo Iracheta, abogado de la organización ambientalista que desde 2014 impulsa un proyecto ante el Municipio de Morón para que el espacio verde que integra el predio de la Brigada Aérea sea declarado reserva natural, hasta el momento sin éxito ante los diferentes oficialismos. “La ciudad de El Palomar no es para hacer un aeropuerto comercial, porque el mismo es incompatible con un espacio verde”, aseguró el letrado. “El Distrito de Morón tiene menos espacio verde por habitante que el recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Los arroyos que existen en esa zona permiten que no nos inundemos. Si los sacamos, preparémonos porque nos esperan inundaciones como las de Luján”, advirtió. “El estudio de impacto ambiental dice que se pueden matar aves. Y matar aves es delito”, señaló. “También, el proyecto (de Aeropuertos Argentina 2000) no habla de talar bosques, pero de hecho lo están haciendo”, señaló. 

Desde las instituciones educativas, el panteo mayor se refirió a los ruidos que afectan a los alumnos de los colegios y escuelas cercanas. Jorgelina del Villar, madre de una alumna del Colegio Emaús, señaló: “Ningún interés puede ser superior al interés de los chicos. Mi hija dice que el ruido ensordece y ellos tienen que dejar de hacer sus actividades. Por los ruidos de los aviones, el colegio vibra y es tan fuerte que produce vibración en los vidrios. Esto los chicos lo viven todos los días”, lamentó.  

Para Vanina Carmesella Romano, otra mamá del mismo colegio, abogada, marcó: “Los chicos tienen derecho a estar estudiando en un lugar adecuado. Hay una ley nacional, la 26061, que tiene que ser cumplida y toda política que esté en contra de esa norma tiene que ser rebatida, está el Pacto de San José de Costa Rica. Hay 30 colegios en la zona, y los chicos que estudian en escuelas del Estado no pueden cambiar de colegio como podría hacer yo. ¿Por qué 500. 0000 habitantes nos tenemos que mudar para los negociados de una empresa?”, preguntó. 

Otro de los ejes estuvo centrado en la destrucción de un sitio protegido por la Ley de la Memoria. “Mi primer vuelo fue en un (avión) Hércules. Pareciera que hay un período de la historia argentina que no existió”, marcó Zoraida Martín, sobreviviente de los llamados “vuelos de la muerte” durante la última dictadura cívico-militar y una de las víctimas que participó de la inspección ocular ordenada por la jueza Forns en el Aeropuerto El Palomar en enero de este año, ya que desde allí partieron “vuelos de la muerte”. 

“Nosotros no fuimos convocados, esto se hizo entre gallos y medianoche. No nos oponemos al progreso, lo que queremos es un progreso con memoria. Tenemos una causa en elevación. Tenemos siete pilotos elevados a juicio. Estas personas ya están en cárcel. Esto teníamos que discutir. No si vuelan o no vuelan” marcó Zoraida Martín. “No respetaron un sitio de la memoria. La mita de la base es un centro de detención. Acá no estamos hablando de supuestos, estamos hablando de causa juzgada. Hay más de 470 desaparecidos en la zona oeste. “Mis compañeros tiene que seguir haciendo inspecciones oculares. Podemos convivir, sólo les pedimos memoria, verdad y justicia”, reafirmó. 

Las ausencias

En las audiencias hubo muy pocos expositores vecinales que se refirieron a las condiciones de seguridad en el Aeropuerto El Palomar. El abogado vecinalista Lucas Marisi, a pesar de estar en la lista de oradores y ser llamado en más de una oportunidad, decidió no concurrir, y continuar con la estrategia judicial de impugnar la audiencia –que fue convocada después de que se iniciaran las obras y a raíz de un fallo judicial - y todo lo actuado judicialmente hasta el momento.

Del lado del oficialismo, tampoco concurrió ningún representante del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, pese a que, según organizaciones ambientalistas y vecinos, organismos provinciales como la Autoridad del Agua (ADA) y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) tendrían competencia jurisdiccional obligatoria en el tema. “Hay una convidada de piedra, que no vino: estoy hablando de la Provincia de Buenos Aires. La Brigada Aérea es (jurisdicción) de Nación, pero está dentro de los límites de la Provincia. Y el responsable del medio ambiente es la Provincia. Que está esperando el OPDS para intervenir”, marcó el letrado Guillermo Iracheta, de Isla Verde.